jueves, 2 de octubre de 2014

A nombre de la Cámara de Turismo, su presidente vuelve a confundir a los habitantes costeros



María Suárez Toro,
opinión
Caribe sur
2 de octubre, 2014


La Cámara de Turismo del Caribe sur, en la voz de su presidente, Jorge Polanco, denunció a proponentes de la ley sobre ciudades litorales de haberles dado "atolillo con el dedo".

La arremetida, a mi juicio, fue dirigida contra  quienes propusieron, defendieron  y aprobaron la propuesta del ley conocida como “ley de Carolina Delgado” en la administración anterior en homenaje a su proponente  (la ex legisladora con ese nombre) y firmada por la presidenta Laura Chinchilla, ambas de Liberación Nacional y con un hegemonismo legislativo en la administración pasada que significó adoptar la ley sin haberla llevado a consulta de la Sala IV en su última versión. A mi juicio esa ley tuvo esos nombres y esos apellidos, aunque su responsabilidad formal es de la comisión legislativa que la llevó al penalrio y de los diputados y diputadas que lo aprobaron.

La denuncia del "atolillo con el dedo" fue realizada por Polanco en Limón el pasado fin de semana en su acortada intervención a nombre de la Cámara de Turismo ante la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa en los 5 minutos que le dieron, de los 15 que había preparado. No se conoce el resto de la intervención.

Pero en lo que dijo, solicitó a diputados y diputadas de la actual Asamblea Legislativa una enmienda a la ley  9221 (conocida como ley de Carolina Delgado),  para “que no nos sigan engañando”.  

El engaño al que se refiere el Presidente de CATCASS, según su propia explicación, es que la ley da un corto tiempo para contar con un Plan Regulador (con un plazo desde el día de su su aprobación el pasado 25 de abril del presente año). Dijo Polanco a la Comisión que “nadie puede elaborar un Plan Regulador en dos o tres años; un Plan Regulador requiere de cuatro a seis años o siete…”  

Pidió la adopción de un transitorio a la ley 9221 para que se extienda el plazo para contar con el Plan Regulador.  La propuesta de ley para un transitorio fue presentada a nombre de la Cámara que preside y de las asociaciones de desarrollo de Puerto Viejo, Manzanillo y Hone Creek. 

Resulta extraño que al menos tres de las cuatro personas que suscriben la propuesta son personas  que están o han estado en la comisión municipal del Plan Regulador. En el  cronograma del Plan de Trabajo de la Comisión de Municipalidad presentado formalmente hace dos meses a algunas organizaciones de la comunidad, hay un plazo que coloca la finalización del Plan Regulador para zona costera de Talamanca en fecha del 2016.

Significa una de dos, o están engañando ellos al pueblo del Caribe Sur o están jugando a dos aguas: un mensaje para la comisión de la Asamblea y “atolillo con el dedo” para sus propias comunidades que ni han sido consultadas sobre la nueva propuesta de ahora y no se les ha dicho que la Comisión municipal no van a poder cumplir con el plazo que han anunciado ellos mismos.

Por otro lado, la misma presentación de Koki Polanco denuncia que se quiere modificar el articulo 8* de la ley en mención y que para la Cámara en inaceptable porque “gente de los 50 metros va a quedar desprotegida….”  Resulta nuevamente extraño que en su defensa de esa ley el año pasado, los promotores de este nuevo transitorio nunca aceptaron la propuesta de mandar el proyecto de ley a una debida revisión a la Sala IV antes de su adopción, al igual que sucedió con las otras dos leyes del "combo costero". 

                                                                  Foto fines ilustrativos

Y es que el cambio que le quieren hacer algunos legisladores a ese artículo en aras de “salvar la ley”, busca dejar por fuera de la ley adoptada los 50 metros inalienables de la ZMT. Ello porque  la Sala IV dice que no aprobará leyes que toquen los 50 metros. Pero eso ya se sabía con anterioridad, pero igualmente hicieron creer a  las comunidades que con esas leyes resolverían el asunto.

Resulta extraño también que propongan un transitorio a una ley que está en “alitas de cucaracha” por inconstitucional.  Y mas extraño aún, que hoy 2 de octubre, movilicen gente a protestar a la Sala IV hoy, como si con ello se salvarían del atolillo con el dedo.  ¿Hasta cuando?  ¿Cuándo van a reconocer que se equivocaron o que creyeron que podían imponer  arbitrariedades constitucionales?Es que esperan volver a lo mismo en 4 años?eyeron que podque el atililoo lo han dado ellos?mos.

Todo lo anterior indica que los tiempos de los proponentes son estrictamente políticos. El año pasado, con una comisión y asamblea legislativa dominada por liberacionistas, actuaron sin contemplaciones constitucionales. Ahora, sin ese dominio en la Asamblea y las amenazas de un salacuartazo,  piden posponer los plazos, mas allá de la presente administración. ¿Es que esperan volver a lo mismo en 4 años?

Actualmente la Comisión de Turismo de la AL está compuesta por dos miembros del PAC, quienes son Nidia Jiménez Díaz y Marlene Madrigal Flores, uno del FA, quien es Ronal Vargas Araya, uno del PUSC, quien es Luis Vázquez Víquez, una del ML, quien es Carmen Quesada Santamaría y dos del PLN, quienes son Danny Haylin Carcache y Karla Prendas Matarrita.

La composición de la Asamblea Legislativa ya es ampliamente conocida. No es controlable por nadie. Y el resultado de las elecciones municipales de Talamanca está por verse en menos de un año y medio. Tampoco es controlable.

En ese panorama, insistimos las 585 personas de las comunidades quienes suscribimos la propuesta de una moratoria para detener las demoliciones y para elaborar una Ley de Régimen Especial para la zona, que todos los caminos del Caribe sur conducen a Roma.

En lugar de apoyar la propuesta de Régimen Especial (que es una propuesta comunitaria justificada ampliamente, debidamente protocolizada y sus primeras 200 firmas debidamente autenticadas), y que  es lo que permitiría soslayar el asunto de los 50 metros, Kiki et al continúan inventando propuestas nuevas poco viables y peor aún, usando sus títulos de presidentes, sin haber consultado ni a sus propios asociados.

En el Caribe Sur la cosa ha cambiado desde el año pasado. En aquel entonces,  el ruido de unos pocos en la Asamblea Legislativa, que ese órgano creyó que todo el pueblo costero apoyaba esas leyes.  Hoy  han proliferado mas formas de expresión social que levantan otras alternativas y hay mucha mas gente se ha dado cuenta que urgen propuestas de fondo, duraderas e integrales, en lugar de parches tras parches que están complicado el panorama sin resolverlo.

Urge un diálogo de saberes en la comunidad. Un diálogo para sacar de la política partidista el tema de las leyes y colocarlo como lo que es: un problema que la comunidad del Caribe sur viene arrastrando por siglos y que ya es hora de dejar de remendarlo para encontrarle un solución comunitaria integral y de una vez por todas.

El gobierno local de la municipalidad de Talamanca tendrá que ver si quiere, en sus últimos meses de mandato, pasar a la historia por haber abonado a la confusión  o si quiere quedar registrado como el gobierno local que se puso al lado de una propuesta que verdaderamente contribuyó a trazar caminos integrales y permanentes.

fin

* ARTÍCULO 8.- En las zonas urbanas litorales podrán otorgarse concesiones, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en el plan regulador urbano de la respectiva localidad.  Quedan excluidos, de lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos que presenten espacios abiertos de uso común, aquellos que posibiliten el libre acceso a la costa, aquellos afectos a un régimen de patrimonio natural del Estado, aquellos que no correspondan al demanio publico y aquellos ubicados en los cincuenta metros contiguos a la pleamar ordinaria que no hayan sido objeto de ocupación antes de la entrada en vigencia de esta ley. Las concesiones que se otorguen en los cincuenta metros contiguos a la pleamar ordinaria estarán condicionadas a que no se modifique el uso ni se amplíe la densidad de la construcción que tenia el terreno antes de la entrada en vigencia de esta ley, siempre y cuando tales condiciones hayan sido avaladas por el plan regulador urbano y no incumplan la normativa ambiental vigente. Los municipios cuya jurisdicción incorpore zonas urbanas litorales deberán garantizar el libre acceso a la costa y el disfrute de la playa a toda la población. Sin perjuicio de las labores que ejecuten otras instituciones del Estado para dicho propósito.


                                                    Para escuchar el discurso grabado,
                                                    favor solicitarlo por correo a forocaribesur@gmail.com