Conversatorio sobre agenda de la población
afrocostarricense
19 de Junio de 2014
Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes de la República
19 de Junio de 2014
Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes de la República
Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan, representantes
de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y funcionarias.
Muchos son los temas que queremos tratar, pero hoy pretendemos poner a
discusión solo algunos que consideramos son relevantes, asi hemos solicitado
a las personas que nos acompañan a presentar un breve desarrollo, en este
sentido doy un saludo cordial a las personas que aceptaron nuestra invitación:
Diputada, Maureen Clarke, del Partido Liberación Nacional, Diputada, Epsy
Campbell, del Partido Acción Ciudadana y en representación de la Fracción
Caribe; Diputada, Carmen Quesada, del Partido Movimiento Libertario y,
Diputado, Ronald Vargas, del Partido Frente Amplio, y presidente de la
Comisión de Derechos Humanos. Estos temas que hoy nos ocupan son un
asunto de derechos humanos.
Agradezco también a la Sra. Caroll Britton quien nos acompaña desde la
Sociedad Civil, para transmitir su opinión en tan importante tema: Derechos
Humanos en clave afrodescendiente.
Lo importante es que hoy socialicemos nuestras estrategias, nuestras
aspiraciones y posibles compromisos con el fin de unir esfuerzos hacia el
respeto y la dignidad de la población afrodescendiente. Para la Defensoría
este llamado es un compromiso y un deber que tenemos que asumir sin mayor
postergación.
En cumplimiento a nuestro mandato legal tanto en la promoción y en la
defensa de los derechos de los y las habitantes del país, hoy nos permitimos
informar acerca de algunas de nuestras acciones y lo que consideramos aún
son pendientes para la reivindicación de los derechos humanos de la población
afrodescendiente del país.
Para iniciar este conversatorio quiero compartirles las palabras que en su
momento nos dejó don Carlos Minot: “a fin de luchar contra la discriminación
y la desigualdad, debe ser más clara la composición étnica de la población de
Costa Rica. Sin datos fidedignos recabados de manera sistemática y paulatina,
que se clasifiquen o desglosen por origen étnico, no se podrán solventar con
eficacia los problemas y desafíos que plantea la discriminación étnica y
racial”.
Este es uno de los puntos medulares, somos una población multiétnica y
pluricultural y sin embargo nos cuesta visibilizarnos hasta por medio de los
datos y estadísticas simples, hecho que se dificulta aún más si nos adentramos
en la valoración del estado de situación cuando se da la violación de algunos
derechos.
Precisamente el gran pendiente del Estado costarricense ha sido visibilizar las
necesidades, las fortalezas y los aportes de la población afrocostarricense tanto
en la Región Caribe como en el país en general con el fin que desde la
concepción de un Estado social de derecho sus respuestas sean inclusivas y
con justicia, y de esto se trata este conversatorio. Ahora más que antes se
evidencia la necesidad de que existan las condiciones jurídicas y
programáticas para reconocer el aporte de todos y todas, sin distinción alguna
y en consecuencia la justicia social y económica que a cada uno le asiste.
Pensar en derechos humanos y en solidaridad, en realidad es regresar,
actualizar y darle vida al fundamento de la patria que es la Constitución
Política.
La Defensoría recibe una compleja denuncia de la Mesa Nacional
Afrocostarricense que nos ha exigido procesos de mediación,
acompañamiento político, y nuevos enfoques, principalmente en lo referente
al acceso a la tierra. Ellos y ellas junto con otros grupos indicaron la
necesidad de retroalimentar y profundizar paradigmas en la Defensoría, y en
este cambio vemos a la Asamblea Legislativa como uno de los poderes que
tiene la mayor posibilidad real de responder y exigir también cambios a toda la institucionalidad. Por lo tanto ponemos a disposición de ustedes nuestros
mejores esfuerzos.
Y si bien las normas y la formulación de políticas públicas no resuelven los
problemas, por lo menos crean el marco dentro del cual se hace posible la
actuación y la exigibilidad de derechos, pero eso requiere que el debate
político y jurídico, deba hacerse bajo la premisa y posicionamiento de la
Diversidad Cultural en equilibro con el ambiente, es decir Desarrollo Humano
Sostenible.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos de manera unánime se
pronuncian sobre la igualdad de derechos y la prohibición de la
discriminación, como fines a alcanzar, como razón de ser, como horizonte al
cual llegar. Son fines, (principios rectores) y a la vez son derechos sustantivos
de particular importancia para los grupos humanos.
El Estado en tanto garante de derechos humanos, es el llamado a la
responsabilidad de hacerlos cumplir para toda la ciudadanía, debe sujeción a
los instrumentos internacionales.
En su accionar, el Estado (es decir, toda su institucionalidad) debe incorporar
el enfoque de derechos humanos en la resolución de los conflictos sociales
que le demandan su intervención, integrar en este enfoque la Diversidad
Cultural y el Desarrollo Humano, de forma tal que en su gestión y resolución
reconozca y afirme la condición de ser humano (con su historia y con sus
diferencias) de todas y cada una de las personas que conforman una nación.
Con respecto a tierras, el objetivo de nuestro enfoque es socializar esa nueva
forma de ver el conflicto social relacionado con la tenencia de tierras de las
personas afrodescendientes que se ha venido construyendo a nivel nacional
con el aporte de muchos y muchas, aun así se requiere de mayor y más amplia
difusión para permear la institucionalidad pública y así logren un abordaje
respetuoso y afirmativo de la diversidad cultural; que propicie y potencie el
desarrollo sostenible de los pueblos afrocaribeños (no su empobrecimiento y
desarraigo) y con ello se garanticen sus derechos humanos.
Es imprescindible abordar desde esta perspectiva cualquier derecho
específico, tal como el que hemos enunciado, el derecho a un territorio
ancestral de los pueblos afrodescendientes (afrocaribeños), con el propósito de aportar elementos jurídicos que integren la dimensión histórica-cultural y lo
conciban referenciado a la vida y a lo cotidiano.
Especialmente esto debe ser así para los y las operadoras del derecho, para
los y las funcionarias de las instituciones involucradas para que en el
conocimiento y decisión de conflictos relacionados con la tenencia de la tierra
priven los enfoques de derechos humanos y la progresividad de derechos. La
Defensoría ha formulado sus apreciaciones en varios temas, por hoy nos
interesa los temas asociados a tierras y pueblo ancestral, sin agotarlos y nos
interesa incorporar en nuestra perspectiva las propuestas de las y los
compañeros de mesa y de todas las personas invitadas.
Ustedes saben, que el camino en el que hemos aportado ha sido en medio de
una dolorosa disputa que se ha generado con la aplicación exclusiva de leyes
ambientales en las zonas protegidas donde radican por generaciones, personas
afrodescendientes que viven y tienen sus actividades económicas. Es necesario
sopesar derechos.
Sabemos que desde 1985, con la intención de proteger sus tierras los
pobladores del Caribe Sur y un grupo de ciudadanos norteamericanos,
desarrollaron un proyecto de titulación de las tierras de lo cual derivó en una
declaración de Refugio por medio de un decreto, quedando incluidas las
comunidades de Puerto Viejo, Gandoca y Manzanillo dentro del refugio y por
ende afectadas por las disposiciones ambientales válidas para esta figura
jurídica.
Como paradoja, esto implicó la invalidación de la presencia de ellos mismos
en la zona y de las concesiones municipales, y además se suspendió la
aplicación del plan comunal de manejo del refugio, y se prohibió toda
actividad. El temor se volvió parte de sus vidas, principalmente por los
desalojos que podían enfrentar.
Múltiples esfuerzos se han hecho, por ejemplo desde la Asamblea Legislativa
se rescata la promulgación de las siguientes leyes:
No 9073, LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE ZONAS
CLASIFICADAS COMO ESPECIALES;
No 9205, TITULACIÓN EN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA JUNTA DE
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA;
No 9221, LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA
LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO
TERRITORIAL y
No 9223, RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS
HABITANTES DEL CARIBE SUR.
Sin embargo, debe quedar claro que la tarea aún no ha finalizado y se hace
más que urgente resolver la condición legal de estas ocupaciones. Tómese en
consideración que si bien la ley No 9073 suspendió por veinticuatro meses la
ejecución de desalojos de personas y demoliciones de obras en la zona
marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, dicha
norma cumplirá su período de vigencia en el mes de octubre de 2014; es
decir, falta pocos meses para que esta restricción sea levantada.
Además, si bien las normas aprobadas, constituyen un referente jurídico
importante, lo cierto es que para su implementación se requieren de acciones
administrativas concretas y coordinadas a nivel del Régimen Municipal así
como del Gobierno Central, por lo que sin el ejercicio práctico de estas
acciones administrativas, el alcance y disfrute de los derechos de esta
población se encuentra aún muy lejos de materializarse.
Esto precisamente lo
estaré planteando en el informe 2014, el próximo 24 de junio ante el pleno
legislativo. Quisiera que pudiéramos tomar hoy acciones para cada vez ser
más proactivos y llevar nuestro mensaje en un conjunto solidario.
El Estado debe reconocer y respetar la presencia de la población
afrocostarricense en estas tierras que han ocupado ancestralmente, y debe
garantizar la consulta y dar participación activa en la negociación de las
soluciones.
Otro elemento importante y que ha ocupado poco espacio en los estudios
institucionales y académicos es el valor de pueblo ancestral. Sin lugar a dudas
es deber del Estado costarricense velar por el desarrollo social y económico
del país, y tiene la obligación de promover la protección y la conservación de
la herencia cultural de los pueblos ancestrales ya que implica la propia
herencia y la creación socio-histórica del país.
El Estado debe cumplir lo estipulado en tratados internacionales suscritos por
el país y con la Constitución Política, cuidando y protegiendo el patrimonio
cultural e histórico; para lo cual deberá recurrir a todos los recursos
disponibles, incluso la asistencia y cooperación internacional pertinente. Es en
ese contexto que la Defensoría realiza una labor de fiscalización y control de
legalidad en torno a este tema también. La cultura no es un discurso, no es
solo folclore, no es un tiesto, es vida cotidiana. Es energía de vida.
En este contexto y viendo tierra y pueblo, es importante mencionar que aun
con las leyes aprobadas y ante la posible afectación del patrimonio histórico
y cultural de Limón la Defensoría inicia una investigación de oficio en
atención al valor histórico y cultural de sus edificaciones como parte de la
cultura afrodescendiente y de la nación misma.
En el año 2009 a partir de una valoración de los inmuebles de Cahuita y de
Puerto Viejo, como parte de un inventario para elaborar una guía turística el
Ministerio de Cultura y Juventud, consideró que ninguna de las estructuras
cumplía con los requisitos mínimos para ser declaradas de interés histórico-
arquitectónica, a pesar de que en su conjunto contribuyan a caracterizar la
arquitectura de la zona y formen parte de la historia de la cultura afrocaribeña
de Costa Rica. Es muy importante el aporte técnico, pero es más importante la
valoración afectiva de un pueblo. Todo elemento, todo propósito debe ser
revisado con enfoque de derechos e inclusividad.
La historia y la importancia de esta zona para el desarrollo de la cultura afro
costarricense son invaluables, por lo tanto, deben hacerse los esfuerzos
necesarios para conservarla.
Estos son asentamientos de carácter irrepetible y por lo tanto se debe apoyar el
reconocimiento de la importancia de la cultura por medio de las cons-
trucciones caribeñas. Además recomendamos a la Asamblea Legislativa
promover la redacción de un proyecto de ley para proteger el patrimonio
histórico y arquitectónico de la zona de Cahuita y Puerto Viejo, y en general
del Caribe de Costa Rica, asignando además los fondos necesarios para su
restauración con el fin de no perder parte importante de la cultura e historia de
la zona.
Estas como propuestas, tal vez tímidas de que se valore el pueblo
afrocaribeño, porque el patrimonio e identidad cultural son dos facetas indisolubles, pues si se despoja a un pueblo de su patrimonio se le despoja de
su identidad.
De ahí que el patrimonio cultural sea uno solo y, por ende, debe tutelarse
como una unidad integral, bajo esta premisa invito a mis compañeras y
compañero de mesa referirse los derechos y reivindicaciones aún pendientes
por el Estado costarricense.
