Discurso de la Defensora de los Habitantes sobre agenda afrocostarricense

                                Conversatorio sobre agenda de la población afrocostarricense

                                                                                                                               19 de Junio de 2014

Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes de la República

Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan, representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y funcionarias.

Muchos son los temas que queremos tratar, pero hoy pretendemos poner a discusión solo algunos que consideramos son relevantes, asi hemos solicitado a las personas que nos acompañan a presentar un breve desarrollo, en este sentido doy un saludo cordial a las personas que aceptaron nuestra invitación: Diputada, Maureen Clarke, del Partido Liberación Nacional, Diputada, Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana y en representación de la Fracción Caribe; Diputada, Carmen Quesada, del Partido Movimiento Libertario y, Diputado, Ronald Vargas, del Partido Frente Amplio, y presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Estos temas que hoy nos ocupan son un asunto de derechos humanos.

Agradezco también a la Sra. Caroll Britton quien nos acompaña desde la Sociedad Civil, para transmitir su opinión en tan importante tema: Derechos Humanos en clave afrodescendiente.

Lo importante es que hoy socialicemos nuestras estrategias, nuestras aspiraciones y posibles compromisos con el fin de unir esfuerzos hacia el respeto y la dignidad de la población afrodescendiente. Para la Defensoría este llamado es un compromiso y un deber que tenemos que asumir sin mayor postergación.

En cumplimiento a nuestro mandato legal tanto en la promoción y en la defensa de los derechos de los y las habitantes del país, hoy nos permitimos informar acerca de algunas de nuestras acciones y lo que consideramos aún son pendientes para la reivindicación de los derechos humanos de la población afrodescendiente del país.

Para iniciar este conversatorio quiero compartirles las palabras que en su momento nos dejó don Carlos Minot: “a fin de luchar contra la discriminación y la desigualdad, debe ser más clara la composición étnica de la población de Costa Rica. Sin datos fidedignos recabados de manera sistemática y paulatina, que se clasifiquen o desglosen por origen étnico, no se podrán solventar con eficacia los problemas y desafíos que plantea la discriminación étnica y racial”.

Este es uno de los puntos medulares, somos una población multiétnica y pluricultural y sin embargo nos cuesta visibilizarnos hasta por medio de los datos y estadísticas simples, hecho que se dificulta aún más si nos adentramos en la valoración del estado de situación cuando se da la violación de algunos derechos.

Precisamente el gran pendiente del Estado costarricense ha sido visibilizar las necesidades, las fortalezas y los aportes de la población afrocostarricense tanto en la Región Caribe como en el país en general con el fin que desde la concepción de un Estado social de derecho sus respuestas sean inclusivas y con justicia, y de esto se trata este conversatorio. Ahora más que antes se evidencia la necesidad de que existan las condiciones jurídicas y programáticas para reconocer el aporte de todos y todas, sin distinción alguna y en consecuencia la justicia social y económica que a cada uno le asiste.

Pensar en derechos humanos y en solidaridad, en realidad es regresar, actualizar y darle vida al fundamento de la patria que es la Constitución Política.

La Defensoría recibe una compleja denuncia de la Mesa Nacional Afrocostarricense que nos ha exigido procesos de mediación, acompañamiento político, y nuevos enfoques, principalmente en lo referente al acceso a la tierra. Ellos y ellas junto con otros grupos indicaron la necesidad de retroalimentar y profundizar paradigmas en la Defensoría, y en este cambio vemos a la Asamblea Legislativa como uno de los poderes que tiene la mayor posibilidad real de responder y exigir también cambios a toda la institucionalidad. Por lo tanto ponemos a disposición de ustedes nuestros mejores esfuerzos.

Y si bien las normas y la formulación de políticas públicas no resuelven los problemas, por lo menos crean el marco dentro del cual se hace posible la actuación y la exigibilidad de derechos, pero eso requiere que el debate político y jurídico, deba hacerse bajo la premisa y posicionamiento de la Diversidad Cultural en equilibro con el ambiente, es decir Desarrollo Humano Sostenible.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos de manera unánime se pronuncian sobre la igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación, como fines a alcanzar, como razón de ser, como horizonte al cual llegar. Son fines, (principios rectores) y a la vez son derechos sustantivos de particular importancia para los grupos humanos.

El Estado en tanto garante de derechos humanos, es el llamado a la responsabilidad de hacerlos cumplir para toda la ciudadanía, debe sujeción a los instrumentos internacionales.

En su accionar, el Estado (es decir, toda su institucionalidad) debe incorporar el enfoque de derechos humanos en la resolución de los conflictos sociales que le demandan su intervención, integrar en este enfoque la Diversidad Cultural y el Desarrollo Humano, de forma tal que en su gestión y resolución reconozca y afirme la condición de ser humano (con su historia y con sus diferencias) de todas y cada una de las personas que conforman una nación.

Con respecto a tierras, el objetivo de nuestro enfoque es socializar esa nueva forma de ver el conflicto social relacionado con la tenencia de tierras de las personas afrodescendientes que se ha venido construyendo a nivel nacional con el aporte de muchos y muchas, aun así se requiere de mayor y más amplia difusión para permear la institucionalidad pública y así logren un abordaje respetuoso y afirmativo de la diversidad cultural; que propicie y potencie el desarrollo sostenible de los pueblos afrocaribeños (no su empobrecimiento y desarraigo) y con ello se garanticen sus derechos humanos.

Es imprescindible abordar desde esta perspectiva cualquier derecho específico, tal como el que hemos enunciado, el derecho a un territorio ancestral de los pueblos afrodescendientes (afrocaribeños), con el propósito de aportar elementos jurídicos que integren la dimensión histórica-cultural y lo conciban referenciado a la vida y a lo cotidiano.

Especialmente esto debe ser así para los y las operadoras del derecho, para los y las funcionarias de las instituciones involucradas para que en el conocimiento y decisión de conflictos relacionados con la tenencia de la tierra priven los enfoques de derechos humanos y la progresividad de derechos. La Defensoría ha formulado sus apreciaciones en varios temas, por hoy nos interesa los temas asociados a tierras y pueblo ancestral, sin agotarlos y nos interesa incorporar en nuestra perspectiva las propuestas de las y los compañeros de mesa y de todas las personas invitadas.

Ustedes saben, que el camino en el que hemos aportado ha sido en medio de una dolorosa disputa que se ha generado con la aplicación exclusiva de leyes ambientales en las zonas protegidas donde radican por generaciones, personas afrodescendientes que viven y tienen sus actividades económicas. Es necesario sopesar derechos.

Sabemos que desde 1985, con la intención de proteger sus tierras los pobladores del Caribe Sur y un grupo de ciudadanos norteamericanos, desarrollaron un proyecto de titulación de las tierras de lo cual derivó en una declaración de Refugio por medio de un decreto, quedando incluidas las comunidades de Puerto Viejo, Gandoca y Manzanillo dentro del refugio y por ende afectadas por las disposiciones ambientales válidas para esta figura jurídica.

Como paradoja, esto implicó la invalidación de la presencia de ellos mismos en la zona y de las concesiones municipales, y además se suspendió la aplicación del plan comunal de manejo del refugio, y se prohibió toda actividad. El temor se volvió parte de sus vidas, principalmente por los desalojos que podían enfrentar.

Múltiples esfuerzos se han hecho, por ejemplo desde la Asamblea Legislativa se rescata la promulgación de las siguientes leyes:

No 9073, LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES;

No 9205, TITULACIÓN EN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA;

No 9221, LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL y

No 9223, RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES DEL CARIBE SUR.

Sin embargo, debe quedar claro que la tarea aún no ha finalizado y se hace más que urgente resolver la condición legal de estas ocupaciones. Tómese en consideración que si bien la ley No 9073 suspendió por veinticuatro meses la ejecución de desalojos de personas y demoliciones de obras en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, dicha norma cumplirá su período de vigencia en el mes de octubre de 2014; es decir, falta pocos meses para que esta restricción sea levantada.

Además, si bien las normas aprobadas, constituyen un referente jurídico importante, lo cierto es que para su implementación se requieren de acciones administrativas concretas y coordinadas a nivel del Régimen Municipal así como del Gobierno Central, por lo que sin el ejercicio práctico de estas acciones administrativas, el alcance y disfrute de los derechos de esta población se encuentra aún muy lejos de materializarse. 

Esto precisamente lo estaré planteando en el informe 2014, el próximo 24 de junio ante el pleno legislativo. Quisiera que pudiéramos tomar hoy acciones para cada vez ser más proactivos y llevar nuestro mensaje en un conjunto solidario.

El Estado debe reconocer y respetar la presencia de la población afrocostarricense en estas tierras que han ocupado ancestralmente, y debe garantizar la consulta y dar participación activa en la negociación de las soluciones.

Otro elemento importante y que ha ocupado poco espacio en los estudios institucionales y académicos es el valor de pueblo ancestral. Sin lugar a dudas es deber del Estado costarricense velar por el desarrollo social y económico del país, y tiene la obligación de promover la protección y la conservación de la herencia cultural de los pueblos ancestrales ya que implica la propia herencia y la creación socio-histórica del país.

El Estado debe cumplir lo estipulado en tratados internacionales suscritos por el país y con la Constitución Política, cuidando y protegiendo el patrimonio cultural e histórico; para lo cual deberá recurrir a todos los recursos disponibles, incluso la asistencia y cooperación internacional pertinente. Es en ese contexto que la Defensoría realiza una labor de fiscalización y control de legalidad en torno a este tema también. La cultura no es un discurso, no es solo folclore, no es un tiesto, es vida cotidiana. Es energía de vida.

En este contexto y viendo tierra y pueblo, es importante mencionar que aun con las leyes aprobadas y ante la posible afectación del patrimonio histórico y cultural de Limón la Defensoría inicia una investigación de oficio en atención al valor histórico y cultural de sus edificaciones como parte de la cultura afrodescendiente y de la nación misma.

En el año 2009 a partir de una valoración de los inmuebles de Cahuita y de Puerto Viejo, como parte de un inventario para elaborar una guía turística el Ministerio de Cultura y Juventud, consideró que ninguna de las estructuras cumplía con los requisitos mínimos para ser declaradas de interés histórico- arquitectónica, a pesar de que en su conjunto contribuyan a caracterizar la arquitectura de la zona y formen parte de la historia de la cultura afrocaribeña de Costa Rica. Es muy importante el aporte técnico, pero es más importante la valoración afectiva de un pueblo. Todo elemento, todo propósito debe ser revisado con enfoque de derechos e inclusividad.

La historia y la importancia de esta zona para el desarrollo de la cultura afro costarricense son invaluables, por lo tanto, deben hacerse los esfuerzos necesarios para conservarla.

Estos son asentamientos de carácter irrepetible y por lo tanto se debe apoyar el reconocimiento de la importancia de la cultura por medio de las cons- trucciones caribeñas. Además recomendamos a la Asamblea Legislativa promover la redacción de un proyecto de ley para proteger el patrimonio histórico y arquitectónico de la zona de Cahuita y Puerto Viejo, y en general del Caribe de Costa Rica, asignando además los fondos necesarios para su restauración con el fin de no perder parte importante de la cultura e historia de la zona.

Estas como propuestas, tal vez tímidas de que se valore el pueblo afrocaribeño, porque el patrimonio e identidad cultural son dos facetas indisolubles, pues si se despoja a un pueblo de su patrimonio se le despoja de su identidad.

De ahí que el patrimonio cultural sea uno solo y, por ende, debe tutelarse como una unidad integral, bajo esta premisa invito a mis compañeras y compañero de mesa referirse los derechos y reivindicaciones aún pendientes por el Estado costarricense.