17 de agosto, TRIBUTO a fundadores y fundadoras del Caribe Sur

Este 17 de agosto el Foro Caribe Sur y la Casa de la Cultura de Puerto Viejo han organizado un TRIBUTO a las fundadoras y los fundadores del Caribe Sur.

Si usted quiere que se lea un saludo para ellos, escríbalo en el Facebook del Foro. Se merecen lo mejor de nosotros, quienes les hemos seguido los pasos...

Caminos costeros en defensa del derecho pleno a la tierra, la cultura y los ecosistemas en el Caribe Sur

Puerto Viejo, Talamanca. 

13/8/13. Comunicación, Foro Caribe Sur

Varios caminos han sido escogidos por la población del Caribe Sur y sus expresiones organizadas en la comunidad para tratar de detener las amenazas que se ciernen sobre sus derechos plenos a la tierra, la cultura centenaria y milenaria que ha sido fundacional de la zona y los ecosistemas que esa población ha protegido históricamente.

Un camino, el más conocido en este momento en la opinión pública nacional, es de promover la creación de nuevas leyes para tratar de resolver los problemas y las omisiones en la lectura correcta de las leyes existentes relacionados con la inseguridad jurídica creada. Cuatro nuevas leyes están en la corriente legislativa en este momento.

En su calidad de iniciativa comunitaria, el Foro Caribe Sur reconoce el derecho de la ciudadanía y habitantes a escoger y promover sus diversos caminos. Pero ya es hora de esclarecer que no todos conducen a lo que quiere la comunidad.

Aclara que  en cada territorio costero comunitario la municipalidad tendría que hacer un referendum con al menos la participación del 40% del padrón electoral del distrito y la aprobación de la mitad mas uno es necesaria para crear un TCC.

Adicionalmente, en muchos casos, la creación de esas zonas “protegidas” fue producto de un defectuoso proceso estatal y gubernamental para demarcar las zonas protegidas de Talamanca en las décadas de los años 70 y de los 80.

Nuestras tierras de toda la vida, las que teníamos sembradas de cacao y árboles para su sombra, las plantaciones de palma de coco que cuidábamos para usar sus semillas para producir aceite de coco y la leche para nuestras comidas propias y que le daban sombra a nuestras casas en la playa, todo eso era invisible desde el aire porque aquí, ni nosotros ni la producción,  puede vivir sin sombra. Y lo que usamos de sombra parece bosque vacío visto desde una avioneta. Creyeron que aquAnterirmente ochentas, el Estado de Cocles, narrmbra a nuestras casas en la playa, agndoca Manzanillomo ... derecho propio que yí no había nadie.

Otra ruta, menos conocida pero activa en las comunidades, es la que promueve el Foro Caribe Sur y que consiste en diseñar y activar caminos por la vía de lo que las leyes existentes protegen y promueven, pero que han sido mal usadas, abusadas y mal interpretadas.

Incluye propuestas acerca de cómo enmendar los errores que durante décadas han cometido los gobiernos locales y nacionales, pero haciéndolo desde la creación de una iniciativa comunitaria que ayude a afianzar la cultura fundacional afro costarricense y la pluricultural que se expresa hoy, además de crear conciencia, movilización social y comunidad para enfrentar los retos que son inmensos.

Se sabe que a la comunidad la une el querer evitar desalojos de sus tierras y el desplazamiento de su cultura afro costarricense y mixta por la cultura occidental comercial, incluso la del tipo de turismo que ha promovido durante décadas.

Eso es lo que también la ha unido con las comunidades del Pacífico y de otras zonas del Caribe y de las zonas fronterizas del rio Sixaola y de UPALA. Todos quieren tener sus tierras, sus culturas y sus sistemas de producción y relación con la naturaleza.

El  deseo de las comunidades es poder titular sus tierras   por derechos adquiridos históricamente por pobladoras, pobladores y ocupantes, poner en consonancia con los derechos constitucionales y las leyes vigentes, un ordenamiento jurídico de sus derechos. Es clave porque como han dicho ya, “sin tierra no somos nada.”

Reclaman que se les respeten los derechos adquiridos antes y durante la creación de la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) no. 6043 de 1977. Esa Ley declaró patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado la franja de 200 metros del pleamar (20 cm  sobre el nivel medio del mar), hasta 200 metros tierra adentro.

“Inalienable” quiere decir que el Estado no puede renunciar por ningún motivo a ser propietario y proteger de esa franja, con la excepción de lugares dónde ya había ciudades litorales como el caso de Limón centro en el Caribe.  “Imprescriptible” quiere decir que esa disposición no vence nunca.

Están a cargo del cumplimiento de la ley las municipalidades, quienes son las entidades gubernamentales que la administran y reciben los frutos civiles o canon.  Al l Instituto de Turismo le corresponde declarar zonas turísticas y elaborar el Plan Turístico Nacional y aprobar los Planes Reguladores de las municipalidades para asegurar que se inscriban en el Plan Nacional.

Pero hubo consideraciones que se convirtieron en excepciones. Al hacerse la ZMT, habían en las zonas costeras poblados, cuadrantes urbanos, pobladores y ocupantes con derechos adquiridos que ya vivían ahí.

En Cahuita, Julio Humphreys Vargas en facebook que encontró “un documento de sucesión de propiedad en Cahuita, dentro de las doscientas metros, escriturado por abogado. Y lo mejor de todo es que lo obtuve de microfilm del Archivo Nacional. Data del año 1918, prueba que sus dueños poseen estas tierras hace más de un siglo.”

En Cocles, la familia Ortíz cuenta con documentos que datan de 1946 en los que la abuela Claudia Delfina Ramírez adquirió escrituras desde ese año.

En Puerto Viejo, la familia Patterson tiene escrituras de sus tierras, que datan de 1976, un año antes de adoptarse la Ley ZMT.

Edwin Patterson del Foro Caribe Sur, de la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo  y poblador del lugar, explica que “en el caso de los poblados costeros de Cahuita y Puerto Viejo, en los años 1915  y 1935,  con la promulgación de dos leyes, se le otorgó a sus pobladores el derecho a titular sus tierras sin limite de tiempo para hacerlo y un cuadrante en cada poblado costero fue declarada zona urbana con sus cuadrantes y todo. ¿Vamos a renunciar a esos derechos? ¡Claro que no!”

En el caso de Manzanillo y Gandoca o Cocles y Punta Uva pareciera que no existían leyes especiales como las de Cahuita y Puerto Viejo, sin embargo tenían derechos adquiridos por estar allí, tener infraestructura de poblado y algunos hasta pagaban impuestos.

Con la creación del decreto original del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA), los poblados de Gandoca y Manzanillo no formaron parte del Refugio, sino que se les consideraron “zonas aledañas” (Artículo 5 Decreto REGAMA), a pesar de que en una serie de inconsistencias entre párrafos y artículos del Decreto, se incluye y excluye del Refugio a los poblados en mención pero lo cierto es que estaban excluidos.

Cabe señalar que la intención original de creación del Refugio, desde que se concibió en 1978, fue de combinar derechos de los pobladores con los de el resto de la naturaleza pero sin detrimento de la población, ya que dejaba los poblados como “zonas aledañas” y reconocía la necesidad de planes de desarrollo socio económicos.

En esa ocasión, la Asociación de Nuevos Alquimistas (ANAI), una organización no gubernamental creada en Costa Rica por extranjeros, trabajó con la entonces Subdirección de Vida Silvestre del Ministerio de Agricultura y Ganadería la creación del Refugio.

En sus objetivos formulados originalmente se planteaba “…crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo con el fin de conservar sus recursos naturales, asegurar la tenencia de la tierra de sus pobladores y regular el desarrollo turístico de la zona.” (1979 Subdirección de Vida Silvestre del Ministerio de Agricultura y Ganadería y ANAI, promotores del Refugio.).  

Esa sección del MAG era la encargada de asuntos de vida silvestre antes de que naciera el MINAET (que nació como Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) que nació en 1990 y luego se convirtió en MINAET).

Decían además que “mediante discusiones entre el personal de ANAI y residentes de las comunidades de Gandoca y Manzanillo, se concibe el proyecto, bajo el concepto combinado de establecer un refugio y desarrollar un proyecto de titulación de tierras.” (Segundo semestre de 1983, Dr. William O. Mac Learny, Cronology of the Gandoca/Manzanillo Land Tittling and Wildlife Project of ANAI, Inc. – 1983 - 1986. 1986.)

Así lo confirma Neftalí Velázquez del Foro Caribe Sur y de la comunidad de Gandoca. Nació en 1979 en los 200 metros de la zona marítimo terrestre, apenas dos años después que se había  consagrado esa zona como propiedad del estado en 1977.

Llegaron las parteras a la orilla de la playa donde vivíamos y actualmente vive mi padre, y así fue como vine al mundo. Cuando yo nací, ese fue justo el año en que se empezaba a hablar de crear un refugio. Mi padre, que en ese tiempo era de la Asociación de Desarrollo de Gandoca, me cuenta de primera mano cómo fue la cosa cuando llegó ANAI y el gobierno a hablar con la gente de la zona.

Mi padre es claro con nosotros para explicar que desde el inicio la idea era en tres partes: la protección y conservación de la riqueza natural, la titulación de las tierras de la gente que ya vivía allí y  el desarrollo socioeconómico de la población mediante un ecoturismo.

No era que se iban a agarrar las casas y las cosas de la gente y destruirlas todas, no será así la cosa. La gente creó conciencia y fue la que protegió las áreas y ahora las entregaba, pero para su desarrollo también.  Esa idea original del ecoturismo es lo que quiere la gente.

Si nos sacaran, ¿a dónde iríamos si la otra finca también está con la misma situación? Vivo con mi padre una casita y una jardín en la ZMT.

A Manzanillo hay que buscarle una mejor salida, su poblado y el refugio, las dos son necesarias. Si la zona queda sin conservación, perdería su potencial turístico y va a llegar inversión que no le importa nada.

En el inicio la propuesta era integrada y la gente no conoció de otras intenciones y avaló la creación del Refugio de buena fe.  Lo que no le ha llegado es la titulación y por eso continúan buscándola. Creo que estaría de acuerdo en regular la relación con el Refugio para que la comunidad de Manzanillo no desaparezca.

Aunque no es un refugio mismo, porque no existe tal categoría, eso fue lo que se proyectó desde el inicio: una relación del poblado con le refugio y eso es lo que hay que hacer.

Tal vez eso es lo que hay que hay que hacer, una ley de excepción de Manzanillo para que conviva con el refugio, pero que resuelva lo del poblado de Manzanillo.

Igual que en Gandoca, muchos de Manzanillo nacieron y han vivido allí. ¡No veo lógico que a la gente se le pida que renuncie a sus derechos o que no haya refugio. ¡No tiene sentido!

En resumidas cuentas, se quedó en el tintero de la historia la intención inicial de otorgar títulos de propiedad a pobladoras y pobladores de Manzanillo y Gandoca cuando se creaba un refugio para proteger la naturaleza, con lo cual los derechos de los habitantes que habían protegido la naturaleza y que entregaron las tierras para el refugio, quedaron limitados.

El Estado también puso en el tintero de la historia los derechos adquiridos mediante leyes especiales los poblados de Puerto Viejo y Cahuita.

El Artículo 45 de la Constitución, que dice que “… La propiedad privada legítimamente adquirida se sigue reconociendo (artículo 6º), aunque es declarada de utilidad pública para efectos de expropiación (artículo 8º).”

Desde la creación de la Ley de Zona Marítimo Terrestre en 1977, ya los pobladores y pobladoras de Manzanillo y todos los demás poblados - con o sin leyes especiales - podían y pueden optar por inscribirse e inscribir sus tierras en su condición de pobladores. (Ver Articulo de la Ley ZMT sobre esto más adelante.)

Hubo otras excepciones en la propia Ley ZMT, de las cuales hablamos más adelante.

  

                La ruta que aborda el problema proponiendo nuevas leyes

La ruta de nuevas leyes es un camino más conocido, por contar con los recursos económicos comunitarios de dos Asociaciones de Desarrollo y de la Cámara de Turismo.

Además por contar con eco y resonancia en los medios de comunicación nacionales y por haber escogido un camino que los pone a tono con los intereses de principales de los dos partidos políticos más grandes del país y de los planes trasnacionales del “desarrollo” de mega proyectos turísticos que desplazan poblaciones y las colocan al servicio del capital.

Son cuatro nuevas leyes las que se proponen en este momento y algunos pobladores y pobladoras se han movilizado a la Asamblea Legislativa para promoverlas.

Las nuevas leyes que proponen algunos sectores costeros para tratar de enmendar los errores y la irresponsabilidad gubernamental, desgraciadamente se ubican también en ese gubernamentalmente creado “rio revuelto”, que ahora podría servir de caldo de cultivo para que los proyectos de las corporaciones turísticas y de extracción minera puedan tomarse la zona “de un solo trallazo” como dicen el dicho popular de pescadores y pescadoras.  

En el caso de los territorios costeros el impacto se da por la cantidad de comunidades que serían afectadas por esas leyes. Ya el país ha visto suceder eso en Guanacaste, con lo que no se está hablando de especulaciones.

Uno es el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios “Tecocos” (18.148).  “El proyecto de ley TECOCOS fue creado por personas de 47 comunidades costeras desde el 2007, motivados por la amenaza de demoliciones anunciadas para el Refugio de Vida Silvestre Ostional. La población amenazada levantó el movimiento y luego nos unimos Montezuma que además visitamos e integramos otras comunidades donde ya habían ocurrido demoliciones” explicó al Foro Caribe Sur Victoria Quirós de Montezuma y de las Redes Costeras.

Quirós explicó que el proyecto de ley fue elaborado inicialmente por las comunidades con asesoría de universidades estatales, fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio, iglesias, profesionales independientes en derecho e investigación social y otras personas. Se presentó a la Asamblea con la firma de 19 diputados de todas las fracciones legislativas.

Aclaró enfáticamente que la propuesta fue dejar las comunidades tal y como estaban al momento de la aprobación de la ley, pasando a llamarse Territorios Costeros Comunitarios (TCC).  Su valoración es que el texto actual, re-elaborado en la Asamblea Legislativa, “desconoce la realidad existente en las comunidades y los derechos de pobladores, entrega a las municipalidad el poder para decidir, si se hace o no territorio costero comunitario.”

Dijo que al final, las personas pueden optar por una concesión por núcleo familiar por un periodo de 35 años. “Se le pone una camisa de fuerza a las gentes de las comunidades… Territorios Costeros Comunitarios no es de aplicación obligatoria, todo lo contrario, es casi imposible de cumplir“ culmina Quirós.

Otros dos proyectos de ley son los propuestos por Carolina Delgado del Partido  Liberación Nacional desde el 2012 bajo el expediente 18.592 con una Ley para regular las construcciones existente que se propone autorizar  a las municipalidades para dar permisos de en uso en precario para personas que están en los 150 metros de la ZMT. 

Es permiso es mientras de aprueba el Plan Regulador y se le da los 6 meses a la persona para “ajustarse” al Plan Regulador aprobado.  Pasado ese tiempo, la Municipalidad puede demoler sin reconocimiento de expropiación e indemnización, lo que equivale a sacar a pobladores y ocupantes sin debido proceso no derechos adquiridos. 

El segundo proyecto de ley (18.593), la Ley de Declaratoria de Zona Urbana Litoral o Ciudades Litorales contempla la creación de ciudades litorales de poblados en la ZMT, pero después que se hayan regulado las construcciones existentes, es decir que en el proceso de regulación previo se puede “limpiar” la zona de pobladoras y pobladores u ocupantes (más de 10 años allí) con derechos históricos adquiridos, simplemente porque no llenen los criterios de regulación de sus construcciones.  Adicionalmente, es Estado no tendrá que indemnizarlos siquiera, porque a esas alturas estarán “en precario.”

De aprobarse estos dos proyectos, las municipalidades quedan obligadas a elaborar un Plan Regulador Costero en un plazo de 6 meses.

De adoptarse estas leyes,  serían aplicables con eso Plan Regulador del ICT, es decir primero el Plan Regulador  y después la Ley.

Los Planes Reguladores se rigen por un reglamento elaborado por el ICT cuando de zonas de interés turístico se trata. Pero los planes reguladores deben ser elaborados por las municipalidades, que son las únicas con poder para hacerlo.

Sin embrago y peligrosamente, para el régimen municipal del país, en los dos proyectos en mención, se abren las posibilidades de que otras instituciones elaboren esos planes, restándole poder a las municipalidades.

Puerto Viejo y Cahuita ya ha rechazado en dos oportunidades los Planes Reguladores propuestos por el ICT, al punto que la comunidad de Puerto Viejo en el 2003 elaboró un Plan de Desarrollo Integral que actualmente se han propuesto actualizar como parte del proceso del Foro Caribe Sur.

La diferencia con el proyecto 18.592 descrito anteriormente es que después que se hiciera la “limpia” por parte de las municipalidades, se crea una comisión de alto nivel político que le quita a las municipalidades su autonomía en la decisión de crear “zonas urbanas litorales.”

Un cuarto proyecto de ley es la “Ley de Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” (No. 18.207) del Diputado por Limón del Partido Unidad Social Cristiana, Walter Céspedes en el 2011.

Busca eliminar toda la Zona 1 del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo REGAMA  (creado en  1985). Con lo cual sale del Refugio el poblado de Manzanillo.

Esa zona, que es la que está ubicada en la ZMT, aunque en algunos lugares, entre Punta Uva y Manzanillo se extiende  hacia atrás más allá de los 200 metros de la ZMT. 

De aplicarse esta ley,  la zona sería administrada por la Municipalidad de Talamanca (no por MINAET en su calidad de Refugio). Se requeriría un Plan Regulador del ICT previamente, por lo que en nada resolvería el problema que enuncia la propuesta de Ley en su presentación cuando dice así “… por el reconocimiento de los derechos de los  habitantes del Caribe Sur”.  

No dice cuales derechos, pues el articulado de la propuesta de Ley apenas dice que Manzanillo se regirá por la Ley ZMT.

Pero lo que los habitantes de Manzanillo han manifestado una y otra vez que quieren es la postergada promesa cuando se creó el Refugio, de obtener titulación de tierras.

Blanca Arce, pobladora de Punta Uva desde hace más de 25 años y madre de un afro descendiente, explicó que en 1985 salió publicado Decreto en La Gaceta que creó el Refugio y define los linderos. “Las áreas de zona urbana, dice el Decreto de creación, no quedan regidas por este decreto.  Queda claro que están fuera del Refugio. Aquí en Punta Uva teníamos derecho de posesión que es lo que se otorgaba por parte de la Municipalidad, por estar en ZMT, pero era a 99 años. Cuando se crea el Refugio nos pasan a permiso de uso del MINAET a 10 años.  Perdimos derechos sin entender que eso estaba pasando y sin conocer las consecuencias” explicó Arce.

Dentro del Refugio, todos deben regirse por un Plan de Manejo del MINAET.  Y dentro de la ZMT (y fuera del Refugio, cómo propone la Ley Céspedes), se deberían  regir por un Plan Regulador de la Municipalidad.  “Se debe respetar lo que se dijo desde un inicio, que en zonas urbanas como se declarará Manzanillo, se use el Plan de Manejo que se elaboró con las comunidad, no el Plan Regulador” piensa Arce.

Pero la Ley Céspedes en su artículo no. 2 lo que dice es que se regirá por la Ley de ZMT, no habla de nada más. Ese artículo, que es el que se refiere a ello, dice textualmente así: “La zona de reconocimiento de los legítimos derechos de los habitantes y de los poblados costeros del Caribe Sur, se regirá por lo dispuesto en la Ley sobre la Zona Marítima-Terrestre No. 6043, de 2 de marzo de 1977.”

Deja para un “después” – como cuando se creó el Refugio, una solución al régimen de Manzanillo. Ya una vez se les hizo igual promesa y nunca se cumplió.

Así las cosas, en ninguno de los dos casos se garantiza el respeto a los derechos plenos de los pobladores con derechos adquiridos.

En el paquete de propuestas de ley, visto como un todo, pareciera existir un asunto peligroso que no se puede dejar pasar por alto aunque las intenciones expresas parezcan buenas  en sus textos introductorios, que dicho sea de paso, no son letra de la ley.

La situación es compleja y está mas enredada todavía por las “políticas de rio revuelto” en la que inversionistas, políticos y gobierno, viendo la situación, la asumen como un oportunidad para sus propios intereses.

En resumidas cuentas, ninguna de las 4 leyes contempla la resolución de la demanda principal que comparten pobladores y pobladoras de zonas costeras y fronterizas (ríos) del Caribe y el Pacífico: titulación de las tierras que han ocupado.

Así se lo hicieron saber unánimemente pobladores de Manzanillo, de Punta Uva, de Puerto Viejo, de UPALA y de otros lugares del país que viajaron a la Asamblea Legislativa el pasado 15 de julio a Escribana en entrevistas publicadas.

Es más, uno de ellos, Orlando Brown de Puerto Viejo puso una alerta clara. “Todos los días la comunidad sigue su curso, viviendo y brindando servicios de alimentación y de intercambio, pero si nos quitan el derecho a la tierra, ¿a dónde van a vivir nuestros hijos? ¿Qué cree el gobierno, porqué cada día promueven nuevas leyes que atentan contra nuestros derechos en la costa? “Hay espacios designados para los monos, hay espacios designados para los delfines, para los cocodrilos, etc., y luego de todo eso, para mis nietos no hay espacio. ¡Solo leyes para sacarnos! Que el gobierno y los políticos se quiten la máscara y digan realmente, qué es lo que pretenden hacer, y deben saber que no lo van a lograr porque no nos vamos a ir …”

En casos donde no se pueda titular, piden concesiones de  del todo por razones de falta de prueba (que serían bien pocos casos con todo lo explicado) las concesiones deberían ser de 99 años.

Aida Dossman, residente en Manzanillo desde hace 18 años, nació en Gandoca. Trabaja en el proyectos de reciclaje del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Municipalidad y la Asociación de Desarrollo de Manzanillo.

Ya vine cuando había Refugio y Ley de Zona Marítimo Terrestre, pero mi compañero  y su familia han vivido aquí desde siempre, es de los Ansel.

Esto a mí me ha quitado el sueño porque con mi compañero y mis cuatro hijos estamos en el Refugio y en los 200 metros, aunque es una casita que me ha asignado la Asociación de Desarrollo porque fue hecha para un maestro de escuela pero nunca la usó.

La gente lo que quiere es seguridad de sus terrenos y tiene más años de estar aquí que las leyes de refugio y de ley marítimo terrestre. Lo sé porque recorrí todo esto en bote de niña, vendiendo con mi abuelo en cacao desde Gandoca hasta Puerto Viejo, parada tras parada por todo esto.

La gente lo que quiere ahora es tener sus derechos de hace tiempos, no están pidiendo nuevos derechos. ¿Para qué van a querer nuevos derechos, si ya tienen derechos adquiridos hace tiempo? Hay gente que tiene 50 y 60 años de vivir aquí y son de ellos sus terrenos porque los han cuidado, los han conservado.

Pregunta: ¿Qué pasaría aquí si se quita esa parte del Refugio?

Nosotros no estamos pidiendo que se quite el Refugio, sino un pequeño pedacito del Refugio.

Pregunta: ¿Un “pedacito” que equivale a toda la zona marítimo terrestre y más hacia la montaña en una parte? Esa la gallinita de orto de las municipalidades, porque eso toda la ZMT del Refugio, la cual quedaría sometida al sistema de concesiones que prioriza otros criterios que no son los de la mayoría de la gente que vive ahí y ha hecho casas y negocios pequeños desde hace muchos años. Te voy a enseñar el mapa.

Y la parte de esa Zona 1 del Refugio que no es ZMT terrestre, quedaría privatizada para los desarrolladores que ya la han comprado y están a la espera de su privatización.

Aida: ¡No, creí que era un pedacito nada más, el de Manzanillo! ¡Si quitan toda esa parte del Refugio la gente se abusa!  Aunque no se si afectaría tanto porque toda esa zona ya está muy desarrollada y por eso no pienso que afectaría mucho.

Pregunta: ¿Y si no afecta tanto, la pregunta es  a quién crees que beneficiaría eso?

Aida: tiene que ser a los pobladores y garantizar eso mediante un escrito de titulación. Ya no nos van a decir “coja eso y agárrelo”. No, es como papeles y títulos, seguridad para que nadie me saque. Algo que certifique que ese el mi terreno. Aquí ha venido gente de otros lados, que trabajaban en gobierno o en otros lugares y sacaron a la gente de los terrenos porque ahora supuestamente eran de ellos. Llegaron con planos catastrados a decir que eran de ellos y se los compraron a la gente por bien poca plata y los sacaron.  Cuando pase todo esto, que me den mis papeles de dueña o una concesión de 100 años.

Marta Gamboa, también de Manzanillo y de la Asociación de Desarrollo aclaró que el problema es que para que se den concesiones se necesitaría un Plan Regulador.

Marta: Y eso es increíble, porque se lleva un proceso de años que nosotras dos, que precisamente venimos hoy mismo de una reunión de todo el día con SETENA sobre Planes Reguladores, nos dimos cuenta que es de tanta herramienta y tan largo y caro el proceso, que preguntamos en la reunión cuantos existen realmente en el país. ¡En todo el país no hay ni 40 metidos! No Heredia tiene Plan Regulador y mucho menos planes consultados todavía.

Aida: Se dijo en el taller de SETENA que se tienen que hacer con consulta al pueblo y debemos exigir que se haga así.

Pregunta: Pero en la Municipalidad tiene uno ya listo y pagado por el ICT y el BID y tuvimos que interpelar al Alcalde en el Foro para que dijera que existía porque como es un “borrador”, dicen que no existe, pero de aprobarse las leyes 18.592 y 18.592 con Plan Regulador aprobado, nos colocarían “en precario” y quedarían 6 meses para ajustarnos a él y las consecuencias de no ajustarnos serían fatales, ya que el Estado no tendrá que indemnizarlos siquiera, porque a esas alturas estaríamos “en precario.”

Marta: ¿Cómo van a tener Plan Regulador si no ha sido consultado con la población? SETENA no se lo aprobaría sin eso. ¡Tienen que cumplir con la consulta y meter lo que la población quiere! Qué raro, los de la municipalidad en la reunión dijeron que no había Plan Regulador y hasta se mostraron sorprendidos del costo que dijo SETEANA que costaría: 50 millones.

Pregunta: No está aprobado, y por eso dicen que no hay. Pero ya está hecho con el ICT y estuvo bien financiado. ¿Lo van a botar?  Algunos lo hemos leído y lo hemos rechazado informalmente porque está hecho para otro tipo de turismo. Pero puede pasar como ha pasado con el miedo que le tiene la población por la inseguridad legal y que les hace pelear por leyes que tal vez ni les convienen. El miedo a los desalojos y demoliciones es tal, que en ese momento la gente diga SI al Plan Regulador del ICT y BID en una consulta porque no quede tiempo de hacer unos con los aportes, y se avale aunque nos ponga la soga al cuello.

            

              Los derechos adquiridos por pobladores y pobladoras

Los pobladores y pobladoras afro costarricenses y otros, tienen derechos adquiridos, porque se está hablando de poblados costeros como Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Cocles, Punta Uva y Gandoca que, habiéndose instalado en esos lugares hace más de 100 años, han construido sus viviendas, han sembrado, han pescado y han aportado a Costa Rica su acervo cultural y sus formas de protección de los ecosistemas que le han dado sustento.

Allí han vivido, en una extensión de playa que recorre desde la ciudad de Limón hasta el rio Sixaola, donde el rio hace frontera con Panamá. Muchos tuvieron alguna forma de tutulación de las tierras que ocuparon, por lo que son dueños. Y otros sin titulación, pueden comprobar la buena fe con que compraron u ocuparon esos terrenos.

Administración tras administración, sus derechos históricos han sido trastocados muchas veces. Pareciera que ha llegado la hora de definir sus derroteros de una vez por todas, porque la situación ya no aguanta ambigüedades o manipulaciones por el impacto político, social, cultural y ecológico de tanto juego político con los derechos y la vida de la gente y los eco-sistemas.

Un camino ágil, aunque siempre complejo, es el de hacer las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr que los pobladores de las zonas costeras que estuvieron allí antes de 1977 cuando se aprobó la Ley ZMT, sean  certificados como propietarios por las ley.

Asegurar con ello que no puedan ser calificados como precarios e usurpadores de la ZMT, y eventualmente, víctimas de procesos legales de desalojo y demoliciones de sus inmuebles.

La Ley ZMT dice en el Articulo 23 dice que  “… las disposiciones de la Ley no se aplicarán a los predios situados en la zona marítimo terrestre adquiridos con anterioridad a su vigencia, de conformidad con leyes que lo permitieron expresamente, sin perjuicio de las restricciones que el artículo 25° de la Ley establece para el uso particular de la zona pública que comprendan esos predios.”

Y sobre pobladores, que aplica para todos el Artículo 75 dice que “Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricense por nacimiento, con más de diez años de residencia continua en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad, pudiendo ser reubicados de acuerdo con la planificación de la zona, previa indemnización de las mejoras.”

Sobre las figuras de ocupantes y pobladores, la Ley ZMT dice que “…. Los ocupantes son todas aquellas personas que, ubicados en la zona marítimo terrestre, no contaban con un contrato de arrendamiento al momento de dictarse la Ley No. 6043.”

  

Asimismo, se creó también la figura del poblador, muy similar a la del ocupante. Los pobladores, dice el artículo 70 de la Ley No. 6043, son aquellos costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia continua en la zona marítimo terrestre, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral, "siempre que fuere su única propiedad"

Según Bernadro Archer esa última frase debe ser entendida en el sentido de no disponer ningún inmueble a su nombre, en tanto el concepto de propiedad particular es contrario al status de dominio público.

 “A los pobladores, la Ley les establece la posibilidad de permanecer en la porción de zona marítimo terrestre que ocupan hasta que no se dé la planificación de la zona, ante lo cual podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras.”

                                                  Foto no identificada

Fundamentado en las Actas de la Asamblea Legislativa, el Procurador informa, y emite la siguiente opinión jurídica vinculante para los Municipios, sobre el espíritu de la Ley, o bien, la intención del Legislador: “La inclusión en el texto de la Ley de todas estas regulaciones obedeció a un criterio del legislador de no violentar poblaciones urbanas ya consolidadas (ciudades) o perjudicar a personas con ocupación anterior en la zona marítima terrestre, principalmente si eran de escasos recursos:

"Pero estamos legislando para futuras construcciones. En el caso concreto de construcciones ya hechas como en el caso de Puntarenas (...) Considero que en una forma más justa, los que están ya instalados, dejarlos allí, ..." (folio 888)

"Ahora yo me voy a permitir referirme a las pequeñas construcciones de los vecinos de esa zona. Qué hacemos con los pescadores y todas esas personas que están en esas zonas? Está bien que los millonarios puedan destruir sus instalaciones y correrlas. Pero esas personas obligarlas a destruir lo que tienen hecho, es como arruinarlos. Lo veo cruel." (folio 528) (DICTAMEN No. 157 del 07/07/1995 – Procuraduría General de la República)

Para el Foro Caribe Sur, urge que las pobladores y pobladores que no lo han hecho, presenten su solicitud. Claro que eventualmente pueden ser victimas de proceso legales de desalojo y demolición mediante un proceso administrativo que abriría la Municipalidad contra ellos. Pero la solicitud misma de reconocimiento como poblador o pobladora es una base legal en el proceso para que no se les pueda quitar su derecho a indemnización, expropiación y reubicación.

Se trata de ir resolviendo los problemas jurídicos creados usando el  marco legal vigente de acuerdo a la letra fiel de la Ley ZMT,  de las normas en beneficio de los habitantes costeros, donde las Municipalidades cumplan con su cometido de gobernar en beneficio de quienes representan, y no solamente los intereses de los grandes empresarios hoteleros y otros proyectos de explotación irracional de los recursos.

Para ese efecto, miembros del Foro Caribe Sur están participando en la gestión de tres contenciosos administrativos con la asesoría legal y defensa legal de la Lic. Adriana Rojas de la Asociación de Consumidores Libres que versan sobre irregularidades en al menos tres aspectos referidos a la delimitación de las ZMT, el ICT y otro. Derechos son derechos y son por igual para todos.

Para resolver esta compleja situación se necesita trabajo legal, pero sobre todo movilización social y opinión pública favorable a los derechos de pobladores y pobladoras por sobre intereses mercantilistas sobre sus tierras históricas.

Lo que se quiere es evitar que se saque a los pobladores y ocupantes de las comunidades para entregar las tierras a los desarrollos inmobiliarios y otros intereses.

Adicionalmente, el Foro Caribe Sur está apoyando iniciativas relacionadas con el q169 de la Organización Internacional (OIT) que consagra la protección de las culturas y su ligamen con sus tierras, señalando que cuando un gobierno impulsa proyectos que les afectan, tiene que ser consultados. 

Ello se ha aplicado más comúnmente a los pueblos indígenas, pero también más recientemente se ha aplicado a pueblos afro descendientes “palaqueros” de Paleqnue, San Basilio en la costa Caribe en Colombia en la sentencia de su Corte Constitucional T955 del 2003.

La Comisión Interamericana a de Derechos Humanos (CIDH) en su reporte de la audiencia que tuvo con habitantes y pobladores del Caribe Sur en el 2011 concluyó que “bajo los instrumentos interamericanos y universales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Ambiental, las comunidades afrodescendientes y sus miembros tienen derecho a la propiedad plena sobre sus territorios ancestrales y al goce efectivo de dicha propiedad, el cual debe ser asegurado mediante consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades afectadas.”

Actualmente la Defensoría de los Habitantes está estudiando el caso de la aplicabilidad del Convenio 169 al caso de la población afro-costarricense y el Foro Caribe Sur ha visto con buenos ojos la iniciativa por la manera en que promueve en la lucha por los territorios, la defensa de la cultura afro costarricense que ha marcado y dado origen a la cultura en la zona.

El proceso de afirmar la cultura afro-costarricense con un caso como el del Convenio 169 para su inclusión como sujeto de los derechos culturales en ese Convención en Costa Rica ha sido con muy buenos ojos por el Foro Caribe Sur.

Adicionalmente, cabe tomar en cuenta la más reciente resolución de la Comisión  Interamericana en el 2010 que dice así:

La CIDH recibió información sobre la situación de derechos humanos de los afro-caribeños del Cantón de Talamanca, en Costa Rica. Durante la referida audiencia, la CIDH se informe sobre el menor índice de desarrollo social a nivel nacional en el Cantón de Talamanca aunado a los mayores índices de extrema pobreza y analfabetismo en el país. Los solicitantes de la audiencia también resaltaron las falencias en los procedimientos de consulta previa a las comunidad de afrodescendientes del Cantón de Talamanca antes de la implementación de proyectos de turismo en la región, de concesiones a empresas transnacionales, así como del establecimiento de áreas de conservación ambiental y de preservación de la biodiversidad. Al respecto, la CIDH resalta que, bajo los instrumentos interamericanos y Universal sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Ambiental, las Comunidades afrodescendientes y sus miembros tienen derecho a la propiedad plena sobre sus territorios ancestrales y al goce efectivo de dicha propiedad, el cual debe ser asegurado mediante consultas efectivas  previamente informadas con las comunidades afectadas. Durante dicha audiencia, además, la CIDH observó que no existe u “conflicto” propiamente dicho entre los derechos humanos y el derecho ambiental, y que las decisiones que puedan afectar a las comunidades afrodescendientes en lo relativo a sus tierras ancestrales deben ser reguladas por el principio de proporcionalidad.

* Esta información fue tomada de la nota de la CIDH en Washington,D.C., el 5 de noviembre de 2010 acerca de su 140º período ordinario de sesiones del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2010.

** El principio de proporcionalidad encuentra su origen en Alemania, desarrollado por la jurisprudencia constitucional de ese país y luego se expandió su aplicación en toda Europa y eventualmente, al Sistema Americano de Derechos Humanos y a los diversos países de Latinoamérica y el Caribe.  El principio dice que la producción de derecho debe sujetarse a ciertos estándares que impidan o disminuyan al máximo la arbitrariedad. Mediante la proporcionalidad se puede llegar a determinar si una actuación estatal, y más precisamente si la intensidad de ésta, es o no jurídicamente la más adecuada para perseguir un determinado fin.

En un cantón como el de Talamanca, que de por sí ya tiene entre el 88 - 90% de su territorio protegido, pretender que pobladores, ocupantes y personas con títulos renuncien a sus derechos territoriales en los escasos lugares que ocupan, podría equivaler a violar el principio de proporcionalidad.

Más 90% del cantón forma parte de territorio con alguna categoría de área protegida o reserva, lo que reduce la zona de la comunidad no indígena (los Bribri y Cabécar tiene sus zonas autónomas en las Reservas de Alta Talamanca y Kekoldi).

Valdría la pena, en aras de la justicia, valorar para cada caso la forma en que pobladores y ocupantes y personas con títulos de tierra pueden permanecer en los lugares en los que se encuentran definiendo las formas legales más estabilizadoras y que les proporcionen garantías y en los que gente y ambiente se compaginen armónicamente como corresponde a un país de derecho que respeta su población y su ambiente.

Maritza Morales Williams, una joven Afro costarricense que vive en Puerto Viejo y se crió en Limón, es una de tres voceras del Foro Caribe Sur. Ella piensa y sueña con un desarrollo sustentable para la zona.

Afuera tiene una imagen que no es y por eso cuando la gente viene, se quiere quedar.  ¿Qué les gusta a los que han venido?   Puerto Viejo se presta para todo lo sano. Si usted quiere venir a divertirse, hay cómo. Si quiere venir a descansar, hay cómo. Si quiere venir a aventurar, aventura. Si quiere venir a conocer, conoce.  Esa es la ventaja, que el lugar se presta para la vacación que usted quiera tener.

Nos tienen estereotipados afuera y en San José, que roban, etc., pero eso pasa en todos lados y allá no les dicen allá que no vayan. A esos otros lados  El paisaje desde que se bien por la carretera es bellísimo, los árboles, la brisa, el mar… Vean que es un paraíso y cuando vengan busquen la información necesaria para sentirse libres.

Este lugar es mágico. La gente dice que desde que llega siente una conexión que los jala a quererse quedar. Y eso es lo que queremos incentivar: esa atracción que la gente venga y no puedan ni explicar de querer quedarse acá.

Ha existido una evolución porque todo cambia y se va adaptando. Eso a pasado aquí. Más gente y más pluriculturalidad que ha significado una mezcla única en el país. Pero en esa pluriculturalidad se conserva la música, las comidas, el baile, la ropa y el deporte. En todo ese se le ha dado mucho al país.

El gobierno debe invertir en eso, porque nosotros damos mucho, pero necesitamos aporte para dejar de hacerlo con las uñas y tener más fuerza. De nada sirve que todo ese aporte esté solamente aquí, hay que pringar toda la cultura nacional de este aporte nuestro, que se extienda, estalle en la cultura nacional y todo quede pringando en toda la gente.

Tengo la fe de que vamos a ganar esta lucha. No nos pueden quitar los derechos porque ya los tenemos ganados.  Lo que tenemos que lograr es que la gente sienta esa indignación que sentimos nosotros porque nos quieren quitar lo que ya tenemos.

Sueño porque ya Puerto Viejo tenga sus derechos protegidos, explotar la cultura para que los turistas puedan venir y ver espectáculos culturales en la Casa de la Cultura que  tengan la historia. Ya hay una obra de teatro que se está desarrollando y que tiene la historia de este pueblo.

Que se puedan hacer tours de las zonas históricas involucrando a los del colegio para que sean los guías de eso tour históricos. Aquí se ha conservado el ambiente, hay que reeducar en muchas cosas, pero básicamente se ha cuidado, por eso Puerto viejo es lo que es.

Veo un modelo de desarrollo con un turismo sostenible, tanto en lo ecológico como en lo cultural. Por eso tener la comunicación de Foro Caribe Sur y de infórmate Caribe ayudan a publicar todo para lograr esos proyectos de sostenibilidad y cultura.

                                            En defensa de la titulación 

Según Manuel León, residente de Puerto Viejo y actual regidor por la zona, reclamó en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Talamanca el pasado mes de mayo con presencia de entre algunos diputados y la comunidad, que ”tan grande que es Talamanca y no tenemos nada, arriba la gente no tiene títulos y el resto todo son parques y refugios, solo la costa paga impuestos a la municipalidad... todo el pueblo está como precaristas aunque somos pobladores de 40, 80 y 100 años de estar… y no tenemos libertad para desarrollar porque no podemos decir, esto es mío … nadie va a tocar la zona marítimo terrestre ni la franja de Sixaola… vamos a pelearla porque es nuestra.”

No así con el Refugio de Vida Silvestre Grandoca Manzanillo en el que los inderos fueron claros desde el principio en 1985.

Doña Winnie, afro costarricense adulta mayor, originaria de Cocles, narró a Escribana lo que pasó en esa ocasión.

En los años ´70 vinieron en avionetas a medir la zona y hasta la midieron desde el cielo. ¡Imagínese usted, si la población del Caribe Sur hemos sido invisibles en tierra, lo que no sucedió cuando nos midieron por aire!

Se dieron cuenta de que existíamos cuando, al saber lo que había ocurrido, la población de toda esta zona desde Manzanillo hasta Cahuita, se movilizó a la capital en protesta por esas demarcaciones injustas que nos desconocían.

Igual suerte ha corrido la población de la franja fronteriza ahora. En 1961 la  Ley de Tierras y Colonización le otorgó al Estado la franja de 2 kilómetros en la zona fronteriza con Panamá que va desde las márgenes del Sixaloa hasta los dos kilómetros tierra adentro. Pero allí también había población con derechos adquiridos. 

Candelario, uno de los productores y dirigentes del “Frente de lucha en defensa del territorio”  narró a Escribana la historia.

"Quienes han viajado entre Hone Creek y Bribri, cabecera de Talamanca, han visto a la izquierda la franja de 2 kilómetros en los márgenes del rio Sixaloa – un gran platanal que produce plátanos para el país. La palabra “sixaola” misma quiere decir “rio de banano” en miskito. Aquí llegó en el 2009 una iniciativa del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para sustituir las escrituras otorgadas sobre la propiedad de nuestros terrenos hace más de 50 años para anularlas y sustituirlas por contratos de arrendamiento. No aceptamos y creamos el “Frente de Lucha en Defensa del Territorio” para defender nuestras tierras. Pasó lo mismo que en Puerto Viejo. La Contraloría General de la República dijo que el IDA había otorgado mal las escrituras a la luz de la Ley de Colonización y Tierras de la Franja Fronteriza, de 1961 porque  las tierras en el  margen de dos kilómetros de las fronteras son del estado.

Y vinieron a querer sacarnos y quitarnos por las buenas, pero no aceptamos y no lo lograran, ni por las buenas ni por las malas. Vamos a mantenernos en lucha por nuestros derechos y por eso nos queremos unir al Foro Caribe Sur hasta convertirlo en un Frente de Talamanca."

Adicionalmente, los errores producidos -  ya no mediante mediciones aéreas -  sino mediante decreto tras decreto igualmente desconocedores de  la zona y al margen de la participación de sus habitantes, han dado como saldo una situación de inseguridad jurídica creada.

A ese panorama hay que añadirle los intereses ocultos del turismo corporativo inmobiliario y la extracción minera transnacional que está tras todos los reductos de vida verde que quedan sin mercantilizar en el planeta.

Los exponentes de la “economía verde” han visto en esta franja, conectada con todo el litoral atlántico desde México hasta Panamá, una oportunidad para convertir en mercancía todo lo que la población ha protegido durante siglos.                                            

    

                                                  Conclusiones

Urge valorar, ubicados en la Municipalidad de Talamanca sus errores e inconsistencias legales y corregirlos, si lo que amerita entonces es convertir en ley los decretos existentes, si lo que hace falta es  reformar las leyes o su bastó enderezar y enmendar los errores del pasado. Otras alternativas, media vez corregidos algunos procesos, están siendo estudiadas por el Foro Caribe Sur.

Una tarea impostergable es desatar procesos de información y consulta comunitaria que regenere el tejido social comunitario algo desintegrado por los errores del gobierno, la discriminación y el racismo, el empobrecimiento de la población por políticas públicas que han discriminado a la población de oportunidades en la zona, políticas que promueven una desbalanceada relación entre gente y ambiente y la vulnerabilización frente al narcotráfico y otras formas ilícitas de tráfico y explotación de la gente.

Y que desemboque en una propuesta actualizada del Proyecto de Desarrollo Integral que la comunidad elaboró en el 2003 para que la comunidad pueda participar en la definición de su propuesta de desarrollo para el contexto actual.

Rosa Díaz, ocupante de Playa Negra y miembra del Foro coincide con el planteamiento de Maritza Morales sobre las fortalezas de la zona, “la riqueza que hay aquí no es solo la naturaleza, sino la gente y cuando la gente de afuera viene y vive esto, entiende porqué estamos defendiendo esto, porque lo que estamos defendiendo es una vida.  Nuestros jóvenes aquí están expuestos a lo que están expuestos todos los jóvenes en todo el país y hay que abordarlo, pero teniendo seguridad legal.”

Añadió que hay un paradigma que se llama “vivir bien” aquí. “Para la gente vivir bien es tener tranquilidad, convivencia, sencillez, disfrute de la naturaleza, tener qué comer y tener derechos plenos, es decir, defender lo nuestro, porque para la gente, vivir bien es ser dueños de lo poco que tienen, para no tener que someterse. No estar atados, por eso la gente dice que vive aquí porque aquí vive libre.”

Dijo que “por eso somos un estorbo para los grandes planes extractivos de los recursos minerales o de marinas de grandes yates o de hoteles de muchas estrellas., por ejemplo, a pesar de que para el Instituto de Turismo no somos un destino turista a promover, la gente llega y sigue llegando una y otra vez. ¿Porqué? Porque la gente encuentra aquí lo que no encuentra en los lugares que promociona el ICT: encuentran al pueblo, un pueblo amable, hospitalario, etc. Con problemas, pero con un gran aporte único. Hasta la gente de Europa y Estados Unidos que llegaron aquí y se quedaron, dejaron atrás el concepto de “desarrollo” de sus grandes países porque  aquí encontraron lo que era “vivir bien”. Y se quedaron para convivir.!

Fundamental es seguir fortaleciendo el tejido social consciente entre la población.  Una de las iniciativas para hacer eso de manera permanente es el Foro Caribe Sur.

Patterson habla de eso. “El Foro es una forma nueva de trabajo en esta comunidad, es algo que es diferente a lo que hemos hecho siempre. Hay mucha participación, pero hay que tener mucha paciencia, escuchar y hablar con argumentos sin difamar a nadie, hablando con la razón, la convicción y la buena fe. Eso es el Foro. Hay intereses, pero hay que llegar unidos para que no nos quiebren, porque el Estado lo que hace es buscar a los más débiles y divide para vencer. El Foro hace un trabajo fina para crear esa fibra de conciencia en la que se basa una unidad, de lo contrario no funciona. El Foro va y ahora, luego de informarnos y ver por dónde, hay que obtener nuestros resultados. “

Rosa Díaz dice que el Foro ha reactivado una esperanza porque abrió la posibilidad de saber que es posible que una comunidad se organice a escucharse, concientizarse y definir su destino. 

“Como no es tan formal como las asociaciones, la gente siente que es suyo y que puede opinar. Nos falta mucho por recorrer, pero vamos bien porque se han articulado esperanzas, estrategias y formas de unirnos en la diferencia.”

Glenda Hegalson, joven afro costarricense del Foro Caribe Sur, de la Asociación de Desarrollo y encargada de la Casa de la Cultura, dijo que para ella el Foro es una iniciativa que ha levantado los ánimos de la gente porque es un espacio en el que pueden participar, es diverso y ha hecho análisis de lo que pasa. “La cultura y la tierra van de la mano porque la cultura sin un lugar no se puede desarrollar y es una iniciativa que ha desatado otras miles de iniciativas porque motiva a recuperar la identidad y además participa gente muy comprometida, por eso se que vamos a ganar. Nos falta llegar a toda la gente aquí y también articularnos con las demás poblaciones que enfrentan esto en Talamanca. Eso es lo que estamos haciendo ahora.”