lunes, 17 de febrero de 2014

                                                     SOS Caribe Sur:
     Combo costero atenta contra permanencia de pobladores en la zona 
                                                                      Comunicaciones, Foro Caribe Sur
                                                                                   16 de febrero, 2014 
En una carta a diputados y diputadas el día de hoy, más de 2001 vecinos y vecinas de comunidades del Caribe Sur han manifestado su oposición a la aprobación de los proyectos de ley 18.592,18.593, 18.207 argumentado que esas leyes no resuelven los problemas de las comunidades costeras a los que han denominado “combo costero” por ser parte de una estrategia única para el Caribe Sur que atenta contra las posibilidades de las comunidades de las costas del país  a permanezcan  en sus lugares y cambia los linderos del REGAMA mediante una polémica propuesta de coordenadas que ha tenido que ser revisada varias veces.
Sostienen que esas leyes no han sido consultadas a los pobladores y pobladoras del Caribe Sur, a excepción del proyecto de ley 18.207 bajo el titulo “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur” sobre el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) en el que apenas una de las comunidades fue consultada a pesar de que el proyecto afecta otras comunidades.
El jueves 13 de febrero fue aprobado en primer debate ese proyecto de ley,  el cual con su titulo engañoso podría crear la falsa idea de que con ello se resuelven los problemas de inseguridad jurídica que tenemos en el Caribe Sur, en detrimento de otras iniciativas que si podían responder realmente a este objetivo.
Las propuestas alternativas que han sido planteadas por los vecinos y vecinas  que se oponen a la propuesta de ley actual van desde cambios sustanciales a la misma para que contemple de verdad los derechos históricos que no aparecen en la ley a pesar de su titulo, hasta propuestas para una ley totalmente diferente, consistente en una ley especial para la zona. Contemplan además la defensa de los derechos de los pobladores mediante el uso de las leyes actuales tales como la ley Orgánica Ambiental entre otras.

Además esta semana entran en plenaria otras dos leyes. La Ley de Declaratoria de Zona Urbana Litoral o Ciudades Litorales (18.592), que contempla la creación de áreas urbanas litorales, previo a la aprobación de planes reguladores costeros.
Otro es el proyecto de ley 18.593 para regular las construcciones existentes en la zona marítima terrestre, donde también se fundamenta en la elaboración de planes reguladores costeros.
Según la carta a la Asamblea Legislativa, el problema de esas leyes cuyos títulos también son engañosos, es que la declaratoria de “ciudades litorales”  se da después que se hayan regulado las construcciones existentes, lo que significa que en el proceso de regulación previo (plan regulador costero) se puede “limpiar” la zona de pobladoras y pobladores u ocupantes que han vivido allí hasta por mas de un siglo u otros que han llegado mas recientemente pero que han hecho sus vidas en el lugar, simplemente porque no llenen los criterios de regulación de sus construcciones. 
Un ejemplo aportado por lugareños que cuestiona esas leyes es estipulan que si las autoridades locales le dicen a una persona o familia que tiene que poner su vivienda o negocio a tono con los requisitos turísticos fijados por el plan regulador mismo y esa familia no tiene los recursos para hacerlo, pierde su vivienda o negocio sin derecho a indemnización.
Otro ejemplo es que si un plan regulador define un áreas para hoteles 3 estrellas en zonas donde actualmente hay cabinas de pobladores, éstos tendrían que adecuar sus instalaciones y de no hacerlo las perderían y dichas propiedades serán puestas en concesión a quienes puedan cumplir los requisitos.
El Caribe Sur está poblado de una mezcla pluricultural de gente que históricamente ha sido empobrecida por las políticas discriminatorias en el país, las cuales lo podrían competir con un modelo como ese, a pesar de haber contribuido a hacer de la zona precisamente lo que es su atractivo turístico: la protección del ambiente, el acerbo cultural afro costarricense y su estilo “pura vida” de desempeñarse.
Otros pobladores que llegaron después construyeron negocioso y viviendas adecuadas al entorno y la cultura, caracterizando por sencillas cabinas y restaurantes que también son parte del atractivo turístico de la zona.
Los planes reguladores costeros, terminan siendo una ley de concesiones y no un sistema de  protección de los ecosistemas sensibles de las costas como nos querían hacer creer. Las concesiones generalmente no favorecen a los pobladores, por el contrario favorecen los intereses económicos de grandes empresas turísticas en detrimento del desarrollo de los pueblos”, ha dicho el Foro Caribe Sur en su Pronunciamiento del mes de julio del año pasado.
De aprobarse los dos proyectos, las municipalidades quedan obligadas a elaborar un Plan Regulador Costero en un plazo de 24 meses y la población actual tendría que adecuarse y de no hacerlo, sería desalojada sin indemnización.
Un propósito de la Ley 18.207 en el combo es sacar del REGAMA la zona costera entre Manzanillo y Cocles para tener más costa para concesionar. Es decir, contar con un plan regulador “que realmente valga la pena”, como lo manifestó uno de los regidores en una sesión del Consejo Municipal recientemente. ¿Valga la pena para quiénes?, se preguntan los firmantes de la carta.
Adicionalmente, las concesiones  que ofrecen las propuestas de ley (18.593) son de 5 a 20 años, lo que no resuelve los problemas de inseguridad jurídica de pobladores y pobladoras.
Los firmantes le hacen una pregunta a diputados y diputadas: ¿A qué intereses electorales y programáticos de gobierno corresponde la necesidad de  aprobar  estos proyectos ahora, ya que es evidente que no solucionan los problemas de inseguridad jurídica de nuestras tierras?
Le dicen además que sea cual sea los resultados electorales, de aprobar esas leyes, compartirán con la nueva administración electa  la carga y responsabilidad que implicarán los desalojos masivos que estas leyes podrán provocar.
 Es la voz de una población que históricamente escogió el camino de un desarrollo turístico y de vida sencilla y acorde con el ambiente y su propia cultura, que no gana tanto como para competir con mega proyectos de turismo corporativo cuyo impacto en las poblaciones sencillas es bien conocido, por ejemplo en Guanacaste.
Sobre el contexto electoral en que se da la discusión del “combo costero”,  manifiestan a los diputados que “en estos momentos los ojos de los pueblos costeros están puestos en la agenda que nunca fue debatida en la primera ronda: la inseguridad jurídica de las tierras del Caribe Sur y otras zonas costeras”.  Añaden que “ahora esa agenda se manifiestan en estas leyes, convirtiéndose en un elemento sustancial para definir por quién votar  votos y su relación con el próximo Gobierno.
Firman la carta pobladores históricos, habitantes residentes y ciudadanos de Costa Rica de la diversidad que caracteriza en Caribe Sur. Ninguno fue consultado sobre las leyes.
Quienes hacen legar la carta a la Asamblea Legislativa piden a diputados y diputadas de partidos que han planteado la defensa del ambiente y de los derechos de los pueblos costeros que se opongan al combo tal y como esta concebido y lo manden a la Sala Constitucional para su revisión, tomando en cuenta el derecho a consulta entre otros derechos que pueden estar comprometidos.


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