SOS Caribe Sur:
Combo costero atenta contra permanencia de pobladores en la zona
Combo costero atenta contra permanencia de pobladores en la zona
Comunicaciones, Foro Caribe Sur
16 de febrero, 2014
16 de febrero, 2014
En una carta a diputados
y diputadas el día de hoy, más de 2001 vecinos y vecinas de comunidades del
Caribe Sur han manifestado su oposición a la aprobación de los proyectos de ley
18.592,18.593, 18.207 argumentado
que esas leyes no resuelven los problemas de las comunidades
costeras a los que han denominado “combo costero” por ser parte de una
estrategia única para el Caribe Sur que atenta contra las posibilidades
de las comunidades de las costas del país a
permanezcan en sus lugares
y cambia los linderos del REGAMA mediante una polémica propuesta de coordenadas
que ha tenido que ser revisada varias veces.
Sostienen que esas leyes no han sido consultadas
a los pobladores y pobladoras del Caribe Sur, a excepción del proyecto de ley
18.207 bajo el titulo “Ley de Reconocimiento
de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur” sobre el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)
en el que apenas una de las comunidades fue consultada a pesar de que el
proyecto afecta otras comunidades.
El jueves 13 de febrero
fue aprobado en primer debate ese proyecto de ley, el cual con su titulo engañoso podría
crear la falsa idea de que con ello se resuelven los problemas de inseguridad
jurídica que tenemos en el Caribe Sur, en detrimento de otras iniciativas que
si podían responder realmente a este objetivo.
Las propuestas
alternativas que han sido planteadas por los vecinos y vecinas que se oponen a la propuesta de ley
actual van desde cambios sustanciales a la misma para que contemple de verdad
los derechos históricos que no aparecen en la ley a pesar de su titulo, hasta
propuestas para una ley totalmente diferente, consistente en una ley especial
para la zona. Contemplan además la defensa de los derechos de los pobladores
mediante el uso de las leyes actuales tales como la ley Orgánica Ambiental
entre otras.
Además esta semana
entran en plenaria otras dos leyes. La Ley de Declaratoria de
Zona Urbana Litoral o Ciudades Litorales (18.592), que contempla la creación de
áreas urbanas litorales, previo a la aprobación de planes reguladores costeros.
Otro es el proyecto de ley 18.593 para regular las
construcciones existentes en la zona marítima terrestre, donde también se
fundamenta en la elaboración de planes reguladores costeros.
Según la carta a la
Asamblea Legislativa, el problema de esas leyes cuyos títulos también son
engañosos, es que la declaratoria de “ciudades litorales” se da después que se hayan regulado
las construcciones existentes, lo que significa que en el proceso de regulación
previo (plan regulador costero) se puede “limpiar” la zona de pobladoras y
pobladores u ocupantes que han vivido allí hasta por mas de un siglo u otros
que han llegado mas recientemente pero que han hecho sus vidas en el lugar,
simplemente porque no llenen los criterios de regulación de sus
construcciones.
Un ejemplo aportado por
lugareños que cuestiona esas leyes es estipulan que si las autoridades locales
le dicen a una persona o familia que tiene que poner su vivienda o negocio a
tono con los requisitos turísticos fijados por el plan regulador mismo y esa
familia no tiene los recursos para hacerlo, pierde su vivienda o negocio sin
derecho a indemnización.
Otro ejemplo es que si
un plan regulador define un áreas para hoteles 3 estrellas en zonas donde
actualmente hay cabinas de pobladores, éstos tendrían que adecuar sus
instalaciones y de no hacerlo las perderían y dichas propiedades serán puestas
en concesión a quienes puedan cumplir los requisitos.
El Caribe Sur está
poblado de una mezcla pluricultural de gente que históricamente ha sido
empobrecida por las políticas discriminatorias en el país, las cuales lo
podrían competir con un modelo como ese, a pesar de haber contribuido a hacer
de la zona precisamente lo que es su atractivo turístico: la protección del
ambiente, el acerbo cultural afro costarricense y su estilo “pura vida” de
desempeñarse.
Otros pobladores que
llegaron después construyeron negocioso y viviendas adecuadas al entorno y la
cultura, caracterizando por sencillas cabinas y restaurantes que también son
parte del atractivo turístico de la zona.
Los planes reguladores
costeros, terminan siendo una ley de concesiones y no un sistema de protección de los ecosistemas
sensibles de las costas como nos querían hacer creer. Las concesiones
generalmente no favorecen a los pobladores, por el contrario favorecen los
intereses económicos de grandes empresas turísticas en detrimento del
desarrollo de los pueblos”, ha dicho el Foro Caribe Sur en su Pronunciamiento
del mes de julio del año pasado.
De aprobarse los dos
proyectos, las municipalidades quedan obligadas a elaborar un Plan Regulador
Costero en un plazo de 24 meses y la población actual tendría que adecuarse y
de no hacerlo, sería desalojada sin indemnización.
Un propósito de la Ley
18.207 en el combo es sacar del REGAMA la zona costera entre Manzanillo y
Cocles para tener más costa para concesionar. Es decir, contar con un plan
regulador “que realmente valga la pena”, como lo manifestó uno de los regidores
en una sesión del Consejo Municipal recientemente. ¿Valga la pena para
quiénes?, se preguntan los firmantes de la carta.
Adicionalmente, las
concesiones que ofrecen las
propuestas de ley (18.593) son de 5 a 20 años, lo que no resuelve los problemas
de inseguridad jurídica de pobladores y pobladoras.
Los firmantes le hacen
una pregunta a diputados y diputadas: ¿A
qué intereses electorales y programáticos de gobierno corresponde la necesidad
de aprobar estos proyectos ahora, ya que es
evidente que no solucionan los problemas de inseguridad jurídica de nuestras
tierras?
Le dicen además que sea
cual sea los resultados electorales, de aprobar esas leyes, compartirán con la
nueva administración electa la
carga y responsabilidad que implicarán los desalojos masivos que estas leyes
podrán provocar.
Es la voz de una
población que históricamente escogió el camino de un desarrollo turístico y de
vida sencilla y acorde con el ambiente y su propia cultura, que no gana tanto
como para competir con mega proyectos de turismo corporativo cuyo impacto en
las poblaciones sencillas es bien conocido, por ejemplo en Guanacaste.
Sobre el contexto
electoral en que se da la discusión del “combo costero”, manifiestan a los diputados que “en
estos momentos los ojos de los pueblos costeros están puestos en la agenda que
nunca fue debatida en la primera ronda: la inseguridad jurídica de las tierras
del Caribe Sur y otras zonas costeras”. Añaden
que “ahora esa agenda se manifiestan en estas leyes, convirtiéndose en un
elemento sustancial para definir por quién votar votos y su relación con el próximo
Gobierno.
Firman la carta
pobladores históricos, habitantes residentes y ciudadanos de Costa Rica de la
diversidad que caracteriza en Caribe Sur. Ninguno fue consultado sobre las
leyes.
Quienes
hacen legar la carta a la Asamblea Legislativa piden a diputados y diputadas de
partidos que han planteado la defensa del ambiente y de los derechos de los
pueblos costeros que se opongan al combo tal y como esta concebido y lo manden
a la Sala Constitucional para su revisión, tomando en cuenta el derecho a
consulta entre otros derechos que pueden estar comprometidos.
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