Mas de 235 vecinos del Caribe Sur firman y presentan carta a diputados y diputadas sobre el combo costero

17 de febrero 2014

Señores (as)

Diputados (as)

Asamblea Legislativa Costa Rica

Estimados señores (as)

Vecinos y vecinas de comunidades del Caribe Sur  les manifestamos nuestra oposición a la aprobación de los proyectos de ley 18.592,18.593, 18.207,  por cuanto esas leyes no resuelven los problemas de las comunidades costeras, sino que lo complican. Adiciionalmente, dichas leyes no han sido consultadas a los pobladores y pobladoras del Caribe Sur.  Solamente el proyecto de ley presentado por Walter Céspedes fue consultado parcialmente en una de las comunidades.

Consideramos  que estas tres leyes constituyen un “combo costero” que atenta contra las posibilidades de las comunidades de las costas del país  a permanezcan  en sus lugares.

La semana pasada ustedes aprobaron en primer debate el proyecto de ley titulado  “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”,  el cual con su titulo engañoso podría crear la falsa idea de que con ello se resuelven los problemas de inseguridad jurídica que tenemos en el Caribe Sur, en detrimento de otras iniciativas que si podían responder realmente a este objetivo.

                                                                   Muestra de firmas

Esta semana pretenden aprobar  las leyes 18.592 Ley de Declaratoria de Zona Urbana Litoral o Ciudades Litorales, que contempla la creación de áreas urbanas  litorales,  previo a la aprobación de planes reguladores costeros,  y el proyecto de ley  18.593 para regular las construcciones existente en la zona marítimo terrestre, donde también se fundamenta en la elaboración de planes reguladores costeros.

La declaratoria “ciudades litorales”  se da después que se hayan regulado las construcciones existentes, es decir que en el proceso de regulación previo (plan regulador costero) se puede “limpiar” la zona de pobladoras y pobladores u ocupantes allí, simplemente porque no llenen los criterios de regulación de sus construcciones.  Adicionalmente, el Estado no tendrá que indemnizarlos siquiera, porque  son considerados “en precario.”

Los planes reguladores costeros, terminan siendo una ley de concesiones y no un sistema de  protección de los ecosistemas sensibles de las costas como nos querían hacer creer. Las concesiones generalmente no favorecen a los pobladores, por el contrario favorecen los intereses económicos de grandes empresas turísticas en detrimento del desarrollo de los pueblos. (Pronunciamiento Foro Caribe Sur, 27/7/13 firmado por 382 personas de las comunidades de Manzanillo, Puerto Viejo, Cocles y Cahuita,)

De aprobarse los dos proyectos presentados por la Diputada Carolina Delgado, las municipalidades quedan obligadas a elaborar un Plan Regulador Costero en un plazo de 24 meses.  Un propósito de la Ley Céspedes en el combo es sacar del REGAMA la zona costera entre Manzanillo y Cocles para tener más costa para concesionar, es decir, contar con un plan regulador “que realmente valga la pena”, como lo manifestó uno de los regidores en una sesión del Consejo Municipal recientemente. ¿Valga la pena para quiénes?

Adicionalmente, las concesiones  de 5 a 20 años, estipuladas en los proyectos de ley presentados, no resuelven los problemas de inseguridad jurídica de nuestros pobladores.

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Preguntamos a los señores y señoras diputados y diputadas, a qué intereses electorales y programáticos de gobierno corresponde la necesidad de  aprobar  estos proyectos ahora, ya que es evidente que no solucionan los problemas de inseguridad jurídica de nuestras tierras.

Sea cual sea los resultados electorales, ustedes como cuerpo de diputados salientes, compartirán con la nueva administración electa,  la carga y responsabilidad que implicarán  los desalojos masivos que estas leyes podrán provocar. 

Pueden tener  por seguro que en estos momentos los ojos de los pueblos costeros están puestos en la agenda que nunca fue debatida en la primera ronda: la inseguridad jurídica de las tierras del Caribe Sur y otras zonas costeras, pero que ahora se manifiestan en estas leyes, convirtiéndose en un elemento sustancial para definir nuestros votos, y nuestra relación con el próximo Gobierno.

     Firmas Carta a diputados y diputadas sobre combo de leyes costeras

Vecinos del Caribe Sur que no han sido consultados sobre Ley Céspedes llevan misiva a Consejo Municipal y Alcalde

Tres vecinas del Caribe Sur presentaron hoy ante la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal una carta solicitando a dicha instancia y al Alcalde que no se pronunciara sobre la Ley Céspedes hasta hacer consultas a comunidades afectadas que no han sido escuchadas. Lo hicieron a nombre de 26 personas de Puerto Viejo, Cahuita, Punta Uva, Cocles y otras, que no fueron consultadas. Ellas son: Miis elena Spencer de Puerto Viejo, Gloria Gavioli de Puerto Viejo y Maria Suárez Toro del REGAMA en Playa Chiquita.

Miss Elena Spencer leyó la misiva. Pero ayer en forma intempestiva y poco conocida en las comunidades, ese Consejo realizó una sesión extraordinaria en la que acordó responder afirmativamente a la solicitud de la Asamblea Legislativa para consultares el techo final de la propuesta de ley. 

Aqui la carta:

Talamanca 20 de febrero del 2014

Sr Melvin Cordero

Alcalde de la Municipalidad de Talamanca

Pte.

Muy estimado señor Alcalde:

Los suscritos, vecinos del Cantón de Talamanca, reunidos el 19 del presente mes de febrero a partir de las 6 de la tarde en casa de la doña Elena Spencer, tomamos el acuerdo de dirigirle a usted la presente nota que le solicitamos presentar al Consejo Municipal, con el fin de que se tome en cuenta nuestro parecer en relación al Proyecto de Ley Nª 18.207 que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa.

1º Que pese a que dicho Proyecto se titula LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES DEL CARIBE SUR y hay una muy buena y convincente Introducción referente a defender dichos derechos, lo cierto es que como usted puede apreciar, la propuesta en sí  se limita a los habitantes del RVSGM  y no al resto de las comunidades amenazadas por una legislación nacional que  actualmente privilegia  la letra de la ley y no la realidad de los ciudadanos que habitan esas comunidades.

2º Que  NO es cierto siquiera que con dicho Proyecto se  resuelve la amenaza de desalojo y demolición de los habitantes del RVSGM, ya que al salir dicha zona del Refugio, sería afectada directamente por la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

3ª Que esta circunstancia supone que estas comunidades serán afectadas por un Plan Regulador  en el cual a partir de la condición de “interés turístico”, se privilegiará los derechos de los grandes hoteleros y empresarios turísticos a expensas de los pobladores históricos, como ha sucedido en las costas del Pacífico.

4ª Que a excepción de  los habitantes de Manzanillo, no  se ha  consultado sobre dicho Proyecto de Ley a los actuales ocupantes de las demás comunidades que conforman el RVSGM: Punta Uva, Playa Chiquita, Cocles, parte de Puerto Viejo y Gandoca, requisito indispensable para la eventual aprobación del mismo.

5to Que como usted sabe, dicho Proyecto está ligado con los proyectos Nº 18.592 y Nº 18.593,  a través de los cuales se hace manifiesto el empeño de quienes insisten en la urgencia de hacer un plan regulador costero.  Esto evidencia el empeño de sacar provecho de la situación de inseguridad jurídica que amenaza a los habitantes del Caribe Sur, en un intento   de convertir esta zona de vocación ambiental sostenible en un megaproyecto turístico.

6º Finalmente llamamos su atención en el sentido de que pese a  los altos costos económicos que supone trasladar continuamente una masiva presencia de ciudadanos y ciudadanas desde el Caribe Sur a las barras de la Asamblea Legislativa con el fin de impresionar a los señores y señoras diputados, es evidente que hay una maquinaria con intereses muy particulares, que no son precisamente el de los pobladores de escasos recursos quienes ingenuamente  participan sin tener realmente claridad de las consecuencias negativas de este proyecto de ley. 

Por lo tanto señor Alcalde, en nuestra calidad de vecinos del Cantón de Talamanca, muy respetuosamente le solicitamos no emitir ningún pronunciamiento sobre dicho Proyecto de Ley sin antes escuchar formalmente, TODOS-AS las personas que nos veríamos afectadas con dicho Proyecto de Ley, conforme los mecanismos de consulta en el derecho costarricense y el internacional, ya que la modificación del territorio de un refugio de vida silvestre tiene repercusiones mas allá de sus fronteras y hasta las del país.

Agradeciendo su buen juicio e imparcialidad en este controversial asunto, nos suscribimos muy atentamente.

Ver suscritores:

CC: Diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.