jueves, 16 de octubre de 2014

Mas sobre el contencioso sobre mojones de la Zona Marítimo Terrestre

                                           No permitas que te distraigan te tus posibilidades de defensa… difiéndete

María Suárez Toro, 
17 de octubre 2014
Foro Caribe sur

Desde el pasado 22 de abril del 2014  fue admitida por el Juzgado de lo Contencioso la demanda del contencioso administrativo contra el IGN (Instituto Geográfico Nacional)  por los querellantes de la Asociación de Consumidores Libres (ACL) sobre mojones de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). 

Hace dos semanas el juzgado aceptó las medidas cautelares del caso, lo cual protege de desalojos hasta que el IGN haga su trabajo adecuadamente conforme los criterios científicos planteados en el juicio. (Ver aparte la Guía acerca de cómo protegerse)

Sobre las pretensiones del caso, la abogada Adriana Rojas informó al Foro Caribe Sur que  “es un caso contra el Estado y el IGN del Registro Público, que busca que se le ordene al IGN gestionar los estudios e informes técnicos correspondientes antes de la realización de mojones en la zona del Caribe y la delimitación de la ZMT.”

Explicó que la segunda pretensión es que se declare la nulidad de una parte del artículo 20 del Reglamento de Especificaciones para la delimitación de la  zona pública de la ZMT. Ese artículo que dice que permite la georeferenciación (uso de GPS) para identificar la pleamar y que no se tiene que marcar físicamente el mojón. Esa posibilidad apareció en un decreto del 2007, el Decreto 37797 MJ MOPT.  Busca que se tenga que poner el mojón físico también, no solo el “virtual” de GPS.




El caso había sido presentado por habitantes costeros del Pacífico y por la gestión del Foro Caribe Sur en el Caribe Sur desde el año pasado. Ahora participa también en la gestión la Asociación Nacional de Habitantes Costeros (ANHACO), de más reciente creación. 

El expediente del contencioso (14-2799-1027-CA) plantea varios criterios que posiblemente han sido violentados por el IGN en su proceso de amojonamiento en las costas del país. 

Uno es que el artículo 10 de la Ley de ZMT establece que la zona pública se establece como los 50 metros a partir de la pleamar y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja.  Este último punto no ha sido tomado en consideración por la IGN. 

Otro elemento tiene que ver con el Decreto de 2007 mencionado antes en esta nota,  que plantea que el amojonamiento se puede hacer en forma geo referenciada y no necesariamente en forma física, como se ha hecho hasta ahora y  que lo puede hacer cualquier agencia o empresa que tenga capacidad técnica de georeferenciar.

Legalmente por Constitución y por Ley ZMT, solo el IGN puede hacer las demarcaciones en el país.  Pero ahora el decreto en mención (y un reglamento aparte), se permite que lo hagan otros organismos.  

El contencioso planea que solo el IGN pude hacer las demarcaciones y que debe existir el mojón físico, tal y cual lo dice la ley. No basta lo georeferenciado porque se podrían estar lesionado derechos, no solo de la persona que ocupa la zona, sino quienes usan la zona pública, debido a que no sabrían si están metidas en un terreno en concesión o en zona pública.

El tercero es el planteamiento que ha hecho por los expertos Marino Protti y Villalobos de OPSICORI, sobre el impacto de los fenómenos geofísicos de variabilidad, como sucedió en el Caribe en el terremoto de 1990 y otro que se da en el Pacífico cuando la placa Cocos/Caribe  presiona y pega, y que hace que el mar de adentre a tierra y que el mar entonces se retire.  OPSICORI planea que eso es un proceso cíclico de cada 50 años, el ajuste de la placas.  

Hay habitantes costeros que ha sido llevada a corte penal, acusados de haber corrido el mojón.  Pero lo cierto es que las medidas que se tomaron antes del terremoto, sin tomar en cuenta que hay un fenómeno de variabilidad y un fenómeno geofísico de variación de las placas Cocos/Caribe que afectan esas distancias.  

Por ello no es lo mismo que se  midiera un mojón antes o después del fenómeno de la movida de las placas., es decir, el terremoto.

Un cuarto argumento es que en el 2012, profesionales de la Universidad Nacional y de la de Universidad Costa Rica concluyeron que la medición de la línea de pleamar está mal ubicada. Sostiene el Informe de los profesionales sobre la línea de pleamar, que el estudio técnico del IGN para colocar los mojones estuvo mal definido.  

Sustentan su conclusión en el hecho de que las medidas de pleamar para todo el país fueron tomadas con base en mareas de Puntarenas que son mareas exclusivas de ese lugar y propias a ese punto. Eso significa que no son transpolables a otras zonas.   

La abogada del caso es la Licenciada Adriana Rojas Navarro de la ACL. Rojas lleva  legalmente el caso. Con ella el Foro Caribe Sur coordina directamente la información de la zona  Caribe que se presentó para el caso, además de  coordinar para asegurar que los demandantes de la zona del Caribe tengan la información necesaria para defenderse.

La abogada es directora legal de la Asociación Nacional de Consumidores Libres, ha ganado dos casos históricos relevantes en defensa de consumidores del país.  La Asociación de Consumidores Libres es una organización no gubernamental dedicada a realizar acciones en defensa de los intereses individuales, colectivos y difusos de los consumidores, con énfasis en los derechos de los usuarios de servicios públicos y financieros.

Un caso que  ganó recientemente es el de Don Fernando de Paraíso de Cartago, un hombre discapacitado por dos infartos que sufrió luego de haber solicitado un crédito bancario para pagar su casa. No pudo pagar la deuda de su casa, por lo cual se la iban a rematar. Ella lo defendió hábilmente, logrando ganar el caso en el que se suspendió el remate. Gracias a la gestión legal de la Asociación Consumidores Libres de Costa Rica, el afectado pudo hacer uso de una clausula de seguro incluido en el crédito del Seguro Social. 

Otro caso que la licenciada ganó se trata del fallo favorable en marzo del 2013, que condenó de “abusiva” la cláusula que permite que la tasa pactada en un crédito no pueda ser menor a un cierto porcentaje, pero no le pone límites si ese porcentaje empieza a aumentar. A partir del fallo, el banco que otorgó el crédito al Hotel GAIA en Manuel Antonio deberá pagarle  $288.000 por daños causados a Boris Marchegiani, dueño del hotel. La sentencia sienta un precedente en el país sobre cómo los bancos manejan las condiciones de los créditos.

En el 2005 la Asociación de Consumidores Libres ganó el premio Templeton para la Libertad 2005, de la Fundación Atlas de Estados Unidos, premio que galardona a organizaciones destacadas por la investigación y educación para una sociedad libre. En el certamen del 2005, la Fundación Atlas valoró a más de 100 organizaciones, de las cuales seleccionó a 15 ganadoras. La Asociación de Consumidores Libres es una de las únicas tres organizaciones seleccionadas en Latinoamérica.






1 comentario:

  1. Interesting article. The arguments include one for permanent markers (as opposed to GPS coordinates). That seems needlessly old fashioned. Surely every property owner has a survey and knows where their property begins without the government placing a piece of stone there for them?

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