Foro
del Caribe Sur
PRONUNCIAMIENTO
Puerto
viejo 27-6-2013
Los abajo firmantes todos/as habitantes
del Caribe Sur, reclamamos
y exigimos al Gobierno de Costa Rica el respeto a nuestros
derechos constitucionales en relación a la tenencia de nuestras tierras,
lo anterior amparados en el principio de que la participación ciudadana en las decisiones relativas a nuestro propio desarrollo, constituye
una condición fundamental para un ejercicio eficaz y legítimo de la democracia.
Considerando:
· Que por más de cien años de historia, nuestros pobladores afro descendientes
han aportado a la comunidad
local, nacional e internacional una identidad propia y única en este país, enriquecida en los últimos años por una
mezcla de diversas culturas.
· Que esta historia ha sido escrita con el sudor y
sangre de sus fundadores , herederos, y habitantes actuales
· Que el Estado
Costarricense por años olvidó, discriminó y desconoció la ciudadanía de nuestra
gente, a pesar de que nuestros pueblos han contribuido significativa a la
economía, cultura y a la
construcción de una identidad
nacional pluralista.
· Que en los años 1915 y 1935, con la promulgación de diferentes
leyes, se hace justicia, otorgándole a los poblados de Cahuita y Puerto Viejo,
respectivamente, el derecho
a titular sus tierras
· Que amparados en la ley de la ZMT adoptada
unilateralmente en 1977, el gobierno pretende despojar a estas poblaciones de
sus derechos, adquiridos, ya
que esta ley y las que se
pretenden aprobar .como iniciativas de gobierno de turno, solo
reconocen las concesiones de 5 a 20 años, previo la elaboración de planes
reguladores, como la única forma de legalizar la tenencia de la tierra en la
ZMT, desconociendo los
legítimos derechos de nuestros pobladores sobre sus tierras, otorgándole el
título de precaristas en sus propias tierras.
· Que con la
implementación de los planes reguladores costeros, la Ley ZMT termina siendo
una ley de concesiones y no de la protección de los ecosistemas sensibles de
las costas como nos querían hacer creer. Las concesiones generalmente no
favorecen a los pobladores, por el contrario favorecen los intereses económicos
de grandes empresas turísticas en detrimento del desarrollo de los pueblos.
· Toda esta situación, ha
dado como resultado amenazas de demolición de nuestros bienes, promovidas por las instituciones
del Gobierno y sustentadas en leyes elaboradas por políticos que no han tomado
en consideración la opinión y participación de nuestras comunidades,
invisibilizando los
derechos adquiridos por los pobladores de Puerto
Viejo y Cahuita sobre sus tierras.
· Que el artículo 34 de
nuestra constitución política plantea que “A ninguna ley se le dará efecto
retroactivo en perjuicio de persona, o de sus derechos patrimoniales adquiridos
o de situaciones jurídicas consolidadas”.
· Que tenemos evidencia de
que si es posible titular
en la ZMT, tal es el caso de las ciudades y de las tierras tituladas en PUERTO
VIEJO CAHUITA antes de
1977.
· Que la constitución
política establece en los
artículos 50 y 51 lo siguiente: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos
los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza y que la
familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la
protección especial del Estado”.
Por lo tanto,
Denunciamos
· Ante la opinión pública el
irrespeto a nuestros derechos históricos.
Exigimos,
· Que se reconozcan nuestros legítimos derechos de propiedad en la zona
Maritimo terrestre,
como se respetaron las planteadas como excepciones
en el articulo 6 de
la ley de la ZMT, donde no incluyeron a las comunidades
de Puerto Viejo y
Cahuita.
· Que el Estado se ocupe por el mayor bienestar de los
habitantes de esta parte
del país garantizándole la seguridad sobre sus tierras, y que respete los derechos, y de protección
especial a nuestras
familias, hijos e hijas,
como lo plantea el código de la niñez y la adolescencia y nuestra constitución
política, normativa de rango superior a la ley de la ZMT y demás leyes que se nos pretenden
imponer.
Rechazamos
·
La elaboración de planes
regladores costeros en nuestro pueblo, ya que según el decimotercer informe del
Estado de la Nación, estos se han implementado respondiendo a intereses
particulares y privados, sin participación de la ciudadanía, y sin considerar los intereses del pueblo y el
desarrollo orgánico de las comunidades de nuestra costa.
Afirmamos
· Nuestra lucha incansable por la defensa del
derecho histórico a la tierra de los pobladores del Caribe Sur
· Que estamos decididos a continuar protegiendo el Caribe Sur, como lo han hecho hasta la fecha nuestros pobladores, planificando nuestro desarrollo de una forma
integral, de acuerdo a nuestras
necesidades, protegiendo el ambiente, nuestra cultura y
nuestra manera de vivir.
