San José, Costa Rica | Edición: Miercoles 21 de Mayo del 2014
A zonas especiales solo les quedan 5 meses
Alerta la Defensoría de los Habitantes
Esta situación genera preocupación a la Defensoría de los Habitantes, que instó al Poder Ejecutivo a aplicar una pronta solución a dicha problemática.
Miercoles 21 de Mayo del 2014Por: Krissia Morris Graykmorris@diarioextra.com
En el 2011 por orden del Minae se demolió en Talamanca el Hotel Las Palmas por ubicarse en zona marítimo terrestre.
Dentro de cinco meses, específicamente el 24 de octubre, vencerá la moratoria de dos años otorgada por el gobierno anterior, en los cuales no se aplicaron demoliciones ni desalojos a las 270 mil personas que viven en áreas especiales como zona marítimo terrestre, costas, fronteras y sitios patrimonio natural del Estado.
Esta situación genera preocupación a la Defensoría de los Habitantes, que instó al Poder Ejecutivo a aplicar una pronta solución a dicha problemática.
“Estas personas son parte de una realidad social-económica y de derechos humanos que no puede ser olvidada por las autoridades públicas y cuya situación jurídica no debe ser resuelta bajo el simplismo de ejecutar los desalojos de dichas tierras”, detalló la Defensoría en un comunicado de prensa.
En marzo del 2012, tras una serie de denuncias presentadas a la Contraloría sobre la invasión de la zona marítimo terrestre en Talamanca, la entidad le solicitó a la municipalidad de ese cantón limonense efectuar una investigación de los casos y si se comprobaba ordenó desalojar y demoler los locales.
Se trata de cabinas, restaurantes y un supermercado. Según las preocupaciones de la Municipalidad de Talamanca, también afectaría puestos de Fuerza Pública y centros educativos.
Talamanca es uno de los cantones más pobres de Limón, por eso las familias que tienen años de habitar ahí se las ingenian para agenciarse ingresos para subsistir.
AÚN EN PIE
Ante esta situación, tanto un grupo de diputados de la provincia como el Poder Ejecutivo impulsaron proyectos de ley para subsanar dicha situación, por eso a instancia del Legislativo se aprobó la moratoria de 24 meses y otra ley para darles escrituras a los habitantes del Caribe Sur, pero la problemática aún está en pie.
“Resulta urgente advertir que la tarea aún no ha finalizado y se hace más que necesario resolver la condición legal de estos habitantes, ya que si bien la Ley 9073 suspendió por 24 meses la ejecución de desalojos de personas y demoliciones de obras en la zona marítimo terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, dicha norma cumplirá su periodo de vigencia en el mes de octubre de 2014; es decir, a falta de pocos meses para que esta restricción sea levantada, surge nuevamente la amenaza a los habitantes de dichas zonas de ser desalojados sin tener el Estado costarricense un plan alternativo que promueva una solución integral que pondere el componente social y humano respecto a cualquier otro”, advierte el ente defensor.
Además de la aprobación de las leyes, se requieren acciones administrativas concretas y coordinadas a nivel municipal, así como del Gobierno central, por lo que sin el ejercicio práctico de estas acciones el alcance y disfrute de los derechos de esta población se encuentra aún muy lejos de materializarse.
“Se hace un llamado urgente a las nuevas autoridades del gobierno y a los diputados para que de forma prioritaria establezcan dentro de sus agendas de trabajo la implementación de acciones coordinadas y efectivas que permitan anticipar las afectaciones y lesiones que se le ocasionarán a la población en el momento que la moratoria de dos años venza en octubre de 2014 y se reanuden los procesos de desalojo y demolición”, añade la Defensoría.
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