Foto fines ilustrativos
Ignacio Arroyo
Tomado de Revista Paquidermo:
http://www.revistapaquidermo.com/archives/11505
El 2015 arrancó lleno de señales negativas para la agenda ambiental costarricense. Si pensábamos difícil que el gobierno de “el cambio” pudiera superar la nefasta herencia de administraciones pasadas, lo cierto es que, con algo de sorpresa para algunos, vemos en casi un año de gobierno violaciones a la legislación nacional y de los convenios internacionales por el país suscritos; otorgamiento de concesiones en las que los Estudios de Impacto Ambiental son formalismos fáciles de resolver por la vía político-administrativa; esto en medio de una preocupante atmósfera de regresión ambiental que desnuda un discurso “ecológico” vacío de compromisos reales. Se agota la paciencia de quienes, desde los distintos frentes de la lucha ecologista, le otorgaron el beneficio de la duda al nuevo gobierno.
APM: viabilidad ambiental ilegal
Se debe reconocer que muchos de los temas que preocupan al sector ecologista vienen gestándose desde el gobierno anterior. Sin embargo esto no exime al Ejecutivo de reconsiderar e incluso echar marcha atrás alguno de estos proyectos heredados. Tal es el caso de las dimensiones del impacto ambiental que tendrán las obras otorgadas en concesión a la empresa APM Terminals, que incluyen la explotación de cinco millones de metros cúbicos de materiales submarinos mediante el dragado de la vulnerable zona marino-costera; el arrastre de casi diez millones de toneladas de sedimentos lodosos contaminados hacia botaderos a mar abierto, con la posible afectación de los arrecifes coralinos y demás ecosistemas; la construcción de una isla artificial de cerca de ochenta hectáreas frente a la isla Uvita; la construcción de la ruta 257 y la afectación del humedal Cariari protegido por el convenio RAMSAR; el cierre del Refugio de Vida Silvestre Moín; todo lo anterior implica daños irreversibles al ambiente y la violación del carácter no regresivo de la legislación ambiental.
Aunado a estos preocupantes impactos ambientales, abundan las anomalías y contradicciones en el otorgamiento de los permisos para la concesión. Por ejemplo, el hecho de que el Consejo Nacional de Concesiones -irrespetando la legislación- aprobó en octubre de 2013 los diseños y el presupuesto final de la obra, mientras el EIA estaba aún en revisión por parte de la SETENA. De nuevo se evidencia una clara orquestación política anterior al otorgamiento de la viabilidad ambiental. Incluso se solicitó la recusación de la comisión plenaria de la SETENA debido a que esta se habría separado del criterio de sus propios técnicos para dar luz verde a la aprobación del proyecto.
Lo anterior se resume en la frase del abogado ambientalista Álvaro Sagot al afirmar que la SETENA pudiera estar convirtiéndose en una maquiladora de permisos ambientales sin que opere el principio precautorio ni los criterios técnicos, ante los compromisos comerciales adquiridos. A todo esto, la cantidad máxima de empleos generados en el nuevo puerto será menor a 500 empleos directos, frente a beneficios económicos de mil millones de dólares por año para la empresa. ¿A dónde están los beneficios reales para la población limonense de los que tanto hablan quienes apoyan la concesión?
Ruta 32: decisión políticaOtro proyecto heredado que al parecer en la administración Solís Rivera “va o va”, es el de la ampliación a cuatro carriles de la Ruta 32 en el tramo Río Sucio-Moín, gracias a la ejecución de un préstamo chino por parte de la concesionaria Chec y cuyos impactos ambientales merecen toda nuestra consideración. Al ser esta una ruta próxima a áreas protegidas y cuyas obras podrían incluso comprometer los mantos acuíferos que abastecen a las comunidades limonenses, no es una decisión que se deba tomar a la ligera y, sin embargo, de nuevo pareciera haber voluntades políticas forzando la agilización de los permisos. Recientemente se dio la exigencia a la SETENA por medio de un proyecto de Ley aprobado, de que se resuelvan los permisos en un mes (y no en los cuatro a seis meses que le toma por lo general al ente) lo que podría incluso ser inconstitucional. No pareciera dimensionarse adecuadamente el EIA y dársele la importancia que requiere, pues este no se trata de un mero trámite formal sino de la realización de análisis que influirían en los costos, pero sobre todo para nuestros intereses, el impacto en términos de recurso hídrico, biodiversidad, áreas protegidas, paisaje, entre otros.
En algunos países se exploran y ejecutan cada vez más opciones para mitigar los devastadores efectos de las carreteras sobre la vida silvestre, que día a día es atropellada por millones cerca de nuestros parques nacionales y demás áreas protegidas. Sin embargo, nuestro presidente se toma la libertad de apoyar explícitamente la ejecución del préstamo sin que exista aún un criterio técnico que otorgue la viabilidad ambiental. También en otros países, se exploran alternativas distintas a las carreteras para el transporte de mercadería que entra y sale del país, lo que nos hace soñar con la posibilidad de un tren eléctrico u otra opción más limpia y eficiente. Pero, en Costa Rica, seguimos con la vista en el pasado y se favorece el traslado de bienes por camiones contaminantes que saturan y destruyen las vías y ahora, con la ampliación, se pondría en un mayor riesgo a las zonas de recarga acuífera y a los ecosistemas de alta fragilidad ambiental.
Por otra parte, desde una perspectiva social y humana, la ampliación de la Ruta 32 en el tramo mencionado provocaría un efecto de cuello de botella con el subsecuente aumento del riesgo de accidentes, muertes en carretera y de sus secuelas sociales. En conclusión, todo pareciera indicar que la planificación del proyecto se ha limitado a evaluar el costo-beneficio económico de la ejecución del préstamo y no las consecuencias ambientales y sociales que traería.
Exportación de aleta de tiburón: hipocresía tica“Razones de interés público” vuelve a ser el argumento del Ejecutivo para justificar el atropello a la legislación ambiental nacional e internacional. Escudándose en supuestos “pescadores artesanales” y en beneficiar a personas en “condición social crítica”, el director del SINAC justifica la exportación de aleta de tiburón producto de la pesca “incidental” que provee a los mercados asiáticos y podría poner en peligro las poblaciones amenazadas.
En este sentido, el país estaría yendo en contra de los criterios técnicos de CITES, convenio internacional que regula la pesca de especies amenazadas, al permitir “porcentajes de tolerancia” de hasta 30% sobre las tallas “mínimas” permitidas, lo que podría considerarse un portillo para abastecer los mercados asiáticos. De nuevo tememos que, en temas ambientales, existan intereses que sean capaces de torcer voluntades en la función pública.
El caso Jairo: la justicia ausenteDesde el frente judicial hay razones para acrecentar el desencanto. En enero, el Tribunal Penal de Limón absolvió a todos los sospechosos del violento crimen que acabó con la vida de Jairo Mora en la playa de Moín, al aducir errores de procedimiento por parte de la Fiscalía y el OIJ. Le toca ahora a la Fiscalía apelar el fallo para que sea posible hacer justicia en este crimen contra un defensor del ambiente. Así las cosas, seguimos aguardando a que, en un proceso sin vicios, se esclarezcan los hechos y se logren sentar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales –si los hubiere- del crimen contra el joven defensor de tortugas. Si no se estaría sentando un nuevo precedente de impunidad que daña profundamente la credibilidad en el sistema judicial.
Mientras tanto, siguen las amenazas, a veces solapadas y otras más explícitas, contra la vida de quienes desde sus comunidades deciden denunciar los delitos ambientales que día con día suceden a vista y paciencia de las autoridades. Por ejemplo, recientemente funcionarios de la Municipalidad de Talamanca tuvieron el atrevimiento de –por medios oficiales- invitar a ciudadanos extranjeros en calidad de residentes a abandonar el país. El antecedente es que ellos habrían presentado denuncias contra los funcionarios por permitir actividades privadas ilegales en la zona marítimo terrestre.
Las autoridades judiciales se muestran inaccesibles, en el mejor de los casos, o bien prepotentes y abiertamente hostiles, demeritando las causas ecologistas. Tal es el caso de la censura que recibió por parte de la presidenta Villanueva y del ex ministro Gamboa, el gesto del ministro Gutiérrez al presentarse en la manifestación que exigía justicia en el caso de Jairo; o la negativa del Fiscal Chavarría de comparecer en la Asamblea echando mano de un recurso de amparo “express”.
Y es que si ya se sabe el precedente de impunidad que tienen los crímenes contra defensores del ambiente a nivel mundial, se debieran de redoblar esfuerzos para alejar cualquier duda de que existe la voluntad explícita de resolver estos crímenes por parte de quienes administran la justicia, sin restarle importancia o rebajarlos a simples crímenes comunes. Sin embargo, la doble moral sale a relucir en incontables ocasiones. Más recientemente en los casos de Jairo, de la canadiense Kimberley Blackwell -asesinada en 2013 por enfrentarse a cazadores en la Península de Osa- y de Alcides Parajeles, asesinado el mismo año en la zona norte por similares motivos.
Los casos tratados son solo algunos de los temas que dejan al movimiento ecologista costarricense sumamente preocupado por “el cambio” al que el nuevo gobierno se refería en campaña. Sería un error considerarlos como casos aislados ya que, en una perspectiva macro-política, todos vienen insertos en una tendencia global a la flexibilización y desregularización ambientales de espaldas a la evidencia científica, la cual reclama una urgente desaceleración de las economías basadas en carbono y un abandono del modelo extractivista que proteja la biodiversidad mediante compromisos políticos. Por el contrario, vemos como en todos estos casos -con el afán de proteger la seguridad jurídica de la inversión extranjera- se propician escenarios de regresión ambiental, eso sí, maquillados de eufemismos políticamente correctos. ¿Sería muy iluso pensar en que pueda venir un golpe de timón que le devuelva la credibilidad en materia ambiental al gobierno del cambio? De momento, abandonar la politiquería partidista y la hipersensibilidad a la crítica parecieran requerimientos necesarios para este ansiado cambio.
